Inocentes en prisión V: Conducta Inadecuada de agentes del Estado o de la defensa
Jorge Moraga Torres, Abogado - Defensor Regional de Aysén - 06-09-2018

Finalizando la serie de comentarios semanales referidos a las causas que llevan a personas inocentes a ser investigadas por delitos que no cometieron, formalizadas e incluso encarceladas, es que hoy abordaré lo que se conoce como Conducta Inadecuada de Agentes del Estado (policías, fiscales y defensores).

Cuando hablamos de conducta inadecuada de agentes del Estado, nos referimos a conductas negligentes o dolosas realizadas por cualquier agente del Estado, en particular de los organismos policiales y fiscalías que hayan tenido directa incidencia en la imputación.

A modo de ejemplo, podemos hablar de una conducta inadecuada cuando los funcionarios asumen sólo una línea investigativa desde el comienzo, descartando a priori otras posibles hipótesis (a esto también se le ha denominado “visión de túnel”); cuando hay funcionarios que modifican pruebas o declaraciones en perjuicio del imputado o bien en el caso en que éstos no verifican la identidad de los detenidos, permitiendo la condena de un tercero inocente.

Por otra parte, al hablar de malas conductas de defensores, privados y públicos, nos referimos a abogados negligentes que no han realizado un trabajo adecuado a la complejidad de cada caso, lo que ha permitido la injusta privación de libertad de su cliente. Como ejemplo de mala conducta del defensor es posible señalar situaciones tales como que el abogado no presente las pruebas de descargo que le indica su representado, que no estudie las pruebas de cargo, especialmente los peritajes, no solicite a la Fiscalía la realización de diligencias esenciales, o no se entreviste adecuadamente con su representado.

Tal como lo señaló Mauricio Duce, abogado y académico, en un comentario realizado unos años atrás en El Mercurio, un riesgo importante para el adecuado funcionamiento de los sistemas de justicia criminal de corte acusatorio o adversarial, como ocurre en el caso en Chile, es que ellos tienden a establecer “una serie de incentivos que favorecen el mal comportamiento y desarrollo de una cultura de excesivo celo de parte de las agencias de persecución penal, que es caldo de cultivo para que situaciones problemáticas se den con alguna frecuencia.  Estos incentivos se ven incrementado en contextos de presión pública por aumentar la eficacia de la persecución penal y reformas que reducen o limitan los equilibrios y controles razonables del sistema”.

Lamentablemente, este fenómeno no ha sido objeto de estudio en nuestro país lo que dificulta hacer afirmaciones tajantes y tampoco permite una mejora sustancial del sistema.

En otro aspecto, en lo que a defensa pública se refiere, las cargas de trabajo o la imposibilidad de estar en igualdad de condiciones con nuestra contraparte, el Ministerio Público, son situaciones que pudieran impactar la calidad de defensa. Si a ello sumamos una posible negligencia de parte de un defensor, el daño a nuestros representados puede ser enorme.  Debemos recordar que el defensor es el único profesional con que cuenta una persona acusada en el sistema penal para hacer valer su voz y derechos. Ello es especialmente sensible en los casos a los que nos referimos, es decir, inocentes acusados por delitos que no cometieron. 

Las posibles malas conductas de agentes del Estado y de los defensores generan dudas y pueden llevar a cuestionamientos severos al funcionamiento del sistema y su legitimidad.

Por lo mismo, minimizar la existencia e impacto de este tipo de fenómenos es un error, debiendo éstos, por el contrario, ser vistos y analizados por nuestras instituciones de modo permanente, sancionando drásticamente a los responsables de aquellos, sirviendo de esta forma tales graves errores como base para valiosas y necesarias mejoras a nuestro sistema procesal penal. 

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