El precio del gas: La realidad regional y las críticas ciudadanas a un rubro cuestionado
El último trimestre de 2021 se instaló con mucha fuerza a nivel país, el debate en torno a los altos precios del gas licuado domiciliario, un insumo fundamental en millones de hogares de Chile y que se transformó en el epicentro de una discusión política, económica y ciudadana que aún se mantiene vigente.
Redacción, Diario El Divisadero - 05-01-2022

El último trimestre de 2021 se instaló con mucha fuerza a nivel país, el debate en torno a los altos precios del gas licuado domiciliario, un insumo fundamental en millones de hogares de Chile y que se transformó en el epicentro de una discusión política, económica y ciudadana que aún se mantiene vigente.

Y es que luego de las presunciones de una supuesta colusión en la fijación de precios por parte de tres empresa del rubro, las críticas se hicieron cada vez más constantes y duras hacia la industria del gas licuado, un rubro que depende en gran porcentaje de las importaciones que se hacen de este combustibles y que además, se trata de un mercado muy variable en términos de precios debido a factores externos.

El punto es que un grupo de parlamentarios, incluido el diputado Miguel Ángel Calisto, realizó gestiones legislativas. Así surge la comisión investigadora del gas licuado, instancia de la Cámara de Diputadas y Diputados que acusó “falta de competitividad” en el mercado, y eventuales señales de colusión en el rubro. La comisión se conformó luego de un informe preliminar dado a conocer por la Fiscalía Nacional Económica en el que denunciaba graves irregularidades en el mercado del gas licuado de petróleo y en el del gas natural.

La instancia aprobó en forma unánime las conclusiones y las propuestas del informe, en el que se denuncia falta de competitividad y muestra características de posible colusión en el sector.

Dentro de las conclusiones se sostiene que “es claro para esta comisión investigadora que el mercado del gas licuado de petróleo muestra características propias de un mercado donde existe colusión”.

El informe aprobado también destaca que “la misma Fiscalía Nacional Económica ha manifestado ante la comisión que el mercado del gas ha evidenciado una baja intensidad competitiva que se ha visto fuertemente reflejada en el comportamiento de los precios durante los últimos años”.

Dentro de las propuestas finales, se indica que “es imprescindible introducir mecanismos regulatorios en el sector que permitan mayor competencia y la participación de nuevos actores en el mercado, con el objeto de reducir los precios que pagan los clientes finales”

Estudio reconoce irregularidades

El “Estudio en el Mercado del Gas”, del Instituto para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP), albergado en la Universidad de Chile, presenta un informe preliminar de una investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre el mercado del gas en Chile entre los años 2010 a 2020. El estudio abordó la situación de los segmentos de gas licuado del petróleo (GLP) y gas natural (GN), ámbito donde el trabajo da cuenta de un acaparamiento por parte de las grandes empresas. En el apartado del gas licuado, específicamente, se analizó la estructura horizontal y vertical de este mercado. Respecto del primero, se analizó la dinámica que existe desde la empresa mayorista hasta el consumidor final.

En relación a la demanda, el subjefe de la División de Estudios de Mercado de la FNE, Felipe Castro, afirmó que “es estacional y hace que los agentes puedan predecirla según el período”. Esto influye en la fluctuación de precios, donde no solamente se correlaciona con el valor del petróleo. De hecho, la FNE detectó que los precios se transmiten rápidamente “aguas abajo” a los minoristas y consumidores finales. Vale decir, el alza en los precios es más rápido que la baja de ellos.

Por esta razón, aseveró Castro, “la revisión de las características del sector nos permite afirmar que la posición del mismo es más susceptible a experimentar conductas coordinadas”.

En el caso de la dinámica vertical, el informe constató un problema entre la empresa mayorista y los distribuidores minoristas en el mercado del GLP. De los 5.600 distribuidores activos analizados en ese período, menos del 3% eran distribuidora multimarca. Además, menos del 2% cambiaron a otra marca.

De acuerdo a Sebastián Castro, jefe de la División de Estudios de Mercado de la FNE, esto se produce porque “la mayor parte de los contratos con mayoristas contiene cláusulas de exclusividad con períodos largos para salir, que -en opinión de la FNE- no tienen una clara justificación de eficiencia ni comercial”.

De hecho, muchos de estos contratos tienen restricciones geográficas, que incluso delimitan las calles donde pueden distribuir. Según el jefe de la División de Estudios de Mercado del FNE, esto “provoca que los distribuidores minoristas no compitan por tener mejores precios. Lo que pasa en los mayoristas, se transmite directamente a los consumidores. Además, estas condiciones generan una barrera de entrada a nuevos mayoristas”, indicó.

Distribución y transporte: El problema normativo del mercado del gas natural

Por otra parte, la FNE detectó problemas en la regulación del transporte y distribución del gas natural. Respecto del transporte, el informe preliminar señaló que no se cumple la normativa que estipula el sistema de “acceso abierto” para el transporte de gas, regulado en el decreto 263 del año 1995. De acuerdo con Sebastián Castro, esta ley es “letra muerta”, ya que “no da especificaciones operativas ni reglas claras de cómo dar este acceso”.

A nivel de distribución, en tanto, existe una falla en el régimen de rentabilidad máxima: esta simplemente no se regulaba. Para corregirlo, se promulgó la Ley de Servicios de Gas en el año 2017. No obstante, no pudo regular las rentabilidades ni las fallas en la integración vertical de propiedad.

Propuestas y observaciones

Para el mercado del GLP, la FNE propone al Ejecutivo prohibir la participación directa o indirecta de los mayoristas en el segmento de la distribución. “Esto incentivaría a minoristas a comprar por precio, haría que se abra la distribución minorista para que ingrese un nuevo mayorista y su implementación sería sencilla”, afirmó Sebastián Castro. Además, recalcó que solo por la implementación de esta medida puede haber un ahorro del 15% en el precio de venta del gas licuado.

En caso del transporte del GN, la FNE sugiere que debe existir una regulación detallada para el acceso abierto a las redes de transporte del gas natural, con mecanismos claros para que un tercero solicite el acceso. En tanto, en el ámbito de la distribución, la integración vertical tuvo y tiene efectos en el precio hacia los consumidores. El impacto es de entre 13 a un 20% en sobreprecios para el sector residencial. Una de las soluciones es derogar el artículo de ley que permite esta integración.

Al respecto, Ronald Fischer, Investigador del Instituto Milenio MIPP y académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, indicó que el informe es revelador en torno a la poca competencia que hay en el sector. “Cuando uno revisa el estudio, se sugiere que hay condiciones explícitas en el mercado respecto a una coordinación entre los actores”, sostuvo.

La realidad regional

Uno de los temas que torna aún más complejo el escenario regional, es la brutal diferencia de precios en relación a lo que se paga por las mismas cantidades en otras regiones del país, algo que como en muchos otros rubros, se debe a factores como distancia, flete y volumen de venta.

Si los cilindros son más caros en Coyhaique, comparados con otras ciudades del país, en localidades pequeñas y distantes el problema se torna aún más grave, como Cochrane, Tortel, Villa O’Higgins y otras, donde las cargas definitivamente llegan a valores a veces prohibitivos para las personas.

Pero existe otra realidad que igual es necesario considerar, ya que dejaría en evidencia que el valor que paga el consumidor final está sujeto a variaciones abismantes, reguladas únicamente por un tema de volumen.

Por ejemplo, la mayoría de los servicios estatales de la región de Aysén, salvo contadas excepciones, tienen convenios con las empresas de gas, accediendo los funcionarios/as, sin distinción alguna, a precios significativamente más bajos en los distintos formatos que ofrecen las compañías, rebajas que llegan en promedio a más del 30% del valor de venta a público general. 

Un beneficio que no todos tienen y que deja en evidencia que si de volumen se trata, los precios efectivamente podrían ser más accesibles. De ahí que aún resuene con mucha intensidad la propuesta de muchos alcaldes de Chile que están dispuestos a intermediar la venta de gas a menor precio, no vendiendo directamente, sino que gestionando la suscripción de contratos que permitan a la comunidad, especialmente a las familias de menores ingresos, optar a precios más bajos y así hacer más equitativo el acceso a este insumo de primera necesidad.

Testimonios en Aysén

Alejandra Ríos Haro (38), de Puerto Aysén, señaló a diario El Divisadero que “los precios del gas están muy elevados para una persona que vive en esta región, porque se debe sumar a la compra de leña. En mi caso, accedo a vales de gas a través de mi trabajo, cancelando en efectivo con una rebaja importante, por ejemplo, la recarga de un cilindro de 45 kilos cuesta alrededor de 78 mil pesos en condiciones normales y con vale disminuye a 60 mil pesos más o menos. La diferencia es importante, por lo que pienso que este valor debiese ser igual para todos”.

En tanto Sylvia Véliz Morales (84) de Coyhaique, sostiene que “el valor del gas es excesivamente caro, en especial, para quienes somos personas mayores. Frente a las pensiones mínimas que hay, se va parte importante de la pensión en eso. Además, son contadas las familias en las que un familiar accede a algún beneficio de rebaja, mientras el resto no tiene esa posibilidad. Creo que las personas mayores de 60 años, por ejemplo, debiesen tener algún tipo de beneficio de menor precio permanente, por el solo hecho de su edad”.

Waleska Quezada Jara (45), también de Coyhaique, indica que “la carga de gas cada vez está más cara. Compro con tarjeta de débito por la aplicación telefónica y ahí me hacen descuentos, algunas veces. Yo creo que está muy buena la idea de que la municipalidad se haga cargo de la venta más barata para la comuna: Algo así como gas popular”.

Y si en Coyhaique el reclamo ciudadano resuena intensamente, en las localidades del interior la realidad es aún peor. En Cochrane, los precios son significativamente más altos, lo mismo que en Tortel y Villa O’Higgins.

Manuel Maldonado, de la ciudad capital de la provincia de Los Glaciares, ha seguido con mucha atención este debate, y asegura que además de una posible colusión, también se advierte una falta de sensibilidad social por parte de las empresas.

“Acá en Cochrane los precios son vergonzosamente más caros, pero nadie hace nada, no hay donde plantear estos temas ciudadanos. Es la ley del libre mercado, que en estas ciudades pequeñas tiene un rostro aún más perverso”, asegura.

En Villa O’Higgins en tanto, Rosario Mansilla señala que el cilindro de 15 kilos le dura menos de 15 días, por lo que al mes requieren al menos dos y el gas lo usan solamente para cocinar y ducharse, “porque para calefacción usamos leña, si no sería aun más caro todo. Acá se necesitan medidas para que la gente se quede, viva con agrado en esta zona tan apartada, pero con los precios que se deben pagar por el gas y otros productos, uno entiende la frustración de la gente”, asevera.

Y en Tortel las condiciones no son distintas, ya que el valor del gas también está entre los más altos de la región. La señora Nora, relata que da rabia enterarse que las empresas podrían estar poniéndose de acuerdo, “porque es inevitable no pensar que en todos estos años, se han aprovechado de nosotros y nos han cobrado lo que quieren, sin asco, sin importarles que vivimos en sectores donde hacemos soberanía”.

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