No cabe duda que la promulgación de la ley que crea el cargo de presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que tendrá rango de ministro, establece un nuevo escenario para un tema tan sensible como ese. De un tiempo a esta parte se ha comenzado a tratar con fuerza de formar conciencia sobre la necesidad imperiosa que existe de cuidar los recursos renovables y, por supuesto, a la naturaleza, previniendo daños que pueden ser irreparables para el país y la humanidad. La desertificación, la erosión de terrenos cultivables y los cambios climáticos, cada vez con resultados más dañinos en nuestro hábitat, ponen en riesgo a los seres humanos y, en especial, a las futuras generaciones. Una explotación irracional de las riquezas del mar, con peligro de extinción para muchas especies, mientras que otras ya han desaparecido, es también un indesmentible indicador de una realidad que puede transformarse en dramática de no adoptarse normas proteccionistas más agresivas y efectivas. Se arrasan bosques, se vierten residuos líquidos industriales sin control a los océanos, ríos y lagos, en aras de un mal entendido progreso que va minando lentamente al planeta con situaciones que alertan como sucede con la brecha de la capa de ozono y el incremento de los niveles de rayos ultravioleta. Esto preocupa a muy pocos, los que se alzan como verdaderos quijotes en un llamado que se torna silencioso para quienes hacen oídos sordos a un problema de magnitud. El país, la ciudadanía en general, no puede permanecer insensible frente a una evidencia difícil de ocultar y, por lo mismo, el Gobierno, puso en práctica lo anunciado por la Presidenta de la República en su primer mensaje al país, en mayo del año pasado, en materia de preservar el medio, con todo lo que esto incorpora, en particular la flora y fauna. Por ello reviste importancia la ceremonia efectuada para promulgar la legislación respectiva que, sin duda, va a facilitar el proceso tras el cual se avanza, en concordancia con los acuerdos suscritos con otros países que conforman la Organización de las Naciones Unidas, esperándose su pronta materialización para empezar a aplicar todas las acciones que sean necesarias, pero, sobre todo, lograr un consenso colectivo, un compromiso comunitario para proteger el ecosistema. Para una región como la nuestra, donde el tema medioambiental es especialmente sensible y emblemático, esta medida podría generar importantes y positivas repercusiones, por lo que habrá que esperar ver de qué forma se lleva a la práctica esta nueva normativa legal que sin duda es un avance para un país que pretende estar a la altura de las grandes potencias mundiales en materia ambiental.