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Clientelismo en Chile y Aysén, el debate aún pendiente
Patricio Segura Ortiz, Periodista. psegura@gmail.com - 28-03-2017

Han pasado poco más de cinco años desde que el Movimiento Social por Aysén hiciera irrupción en el verano de 2012 en esta alejada región de Chile.  Un lustro en el cual se han hecho divergentes evaluaciones, con peores o mejores resultados.  Con énfasis en lo material y en lo simbólico, con enfoques desde lo político, lo social o lo económico.

La zona franca, la Universidad de Aysén, la discusión sobre los plebiscitos en materia de proyectos de inversión ya no son ideas imposibles, han logrado avanzar como aspiraciones realizables. Otras han quedado en el camino, aunque “Tu problema es mi problema” permitió fortalecer la visión de que una ciudadanía movilizada podía intervenir la institucionalidad, cuando esta no daba el ancho en torno a la democracia participativa que se pide a gritos. Ya antes Patagonia sin Represas (también, en gran medida, desde Aysén), los estudiantes y tantos otros movimientos habían revuelto el gallinero de la pactada comodidad de la transición. 

Múltiples aprendizajes trajo la revuelta austral, así como costos de diverso tipo.  El sentido de las reflexiones y los debates también fueron parte del camino recorrido, que dan cuenta del país que habitamos hoy.

Ejemplo de ello es la discusión que se diera durante esos días, una de las tantas, sobre la distribución de leña (el famoso bono que tanto problema generó, por el posterior aumento de los precios ante la mayor demanda) a familias económicamente más vulnerables.

Un elemental criterio, cuando el gobierno de Sebastián Piñera accedió a la petición, fue que las nóminas de beneficiados fueran acordadas entre las gobernaciones (gobierno nacional), los municipios (gobiernos locales) y las juntas de vecinos (ciudadanía).  Control cruzado (algo así como el cross check que se usa en los aviones) y la posibilidad de abarcar un universo más amplio y ecuánime de potenciales destinatarios del subsidio. 

Un día de aquellos, a la luz de la inoperancia del sistema, se abrió la discusión sobre cómo abordar el asunto, ante el invierno que se acercaba.  En la Cámara de Comercio de Puerto Aysén se inició el debate, buscando diversas opciones, hasta que un dirigente de Puerto Chacabuco, como una forma de avanzar en la solución, extrajo una lista de personas que en su comunidad consideraba necesitaban de la ayuda y habían quedado al margen.

A partir de ese momento fueron entregándose listados de personas y familias, confeccionadas por algunos de quienes en ese momento participaban en la asamblea.

Aunque parezca lógico tal actuar (la cercanía de los dirigentes sociales con las bases), no lo era en términos de la justicia de llegar realmente a quienes más necesitaban del apoyo.  Un análisis ecuánime requiere de indicadores y, por cierto, la oportunidad de todas y todos los potenciales beneficiarios -en igualdad de condiciones- de que su caso sea considerado.  No hacerlo daba pie a decisiones arbitrarias que van concentrando poder al margen de la institucionalidad.  No puede ser que alguien se vincule preeminentemente con el Estado porque es amigo de alguien o se lo encontró en la calle.  Es el espíritu de la legislación que regula el lobby y la que transparenta el actuar estatal, entre otras.

Todo esto más allá del debate de fondo de que el subsidio, el bono y la beca solo se justifican por la urgencia que imprime la desigualdad, mas la tarea de fondo siempre debe ser no requerir de subsidios, bonos ni becas.  Es la construcción de una sociedad de derechos garantizados (para todos y todas), donde el cambio estructural es el que realmente se requiere, no enfocándose exclusivamente en artefactos que perpetúan la cooptación. 

En aquella ocasión, como representante de Patagonia sin Represas, hice ver el punto, a pesar de tener la posibilidad de extraer una nómina de adherentes a la causa como potenciales beneficiarios, como un mecanismo para atraer fidelidad.  Como una manera, incluso, de aumentar el ascendiente personal sobre otros.  Y eso es lo que sobra en la política tradicional.  Los procesos transparentes, no arbitrarios y desacoplados de la magnanimidad de un actor en particular es lo que ha ido minando nuestra sociedad. 

El pituto, la gestión del parlamentario ante sus correligionarios del Ejecutivo para adjudicarse el éxito de ciertos resultados, el regalo directo de representantes de todo tipo a organizaciones, el privilegio de algunos por sobre otros, forman parte del mismo sentido.  De uno que concentra poder entre quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones que afectan (beneficiando o perjudicando) a otros.

Es el clientelismo que corrompe nuestra democracia. Nuestros vínculos a todo nivel.  Entendiendo que las relaciones, afectos y cercanías son parte de la vida social, permear la toma de decisiones del Estado de estas es uno de los graves problemas hoy.  

Y eso hay que enfrentarlo. No solo con denuncias, sino con un proceso de reflexión que permita elevar el estándar ético general, que es parte también de la educación cívica que se echa de menos en el debate sobre el país que, desde muchos ámbitos, se quiere aún construir.

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