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Las ignoradas facultades ambientales de los juzgados de policía local (V)
Patricio Ramos, Cuidadano - 17-06-2017

Mientras trato de mirar el lado lleno del vaso un escarchado día lunes a las 7:30 de la mañana, y me acomodo en un asiento del bus que se dirige a Puerto Ibáñez, sin más ocupante que este su servidor (que hoy funge de peatón producto de las vicisitudes de la mecánica), les comento que la norma ya explicada la semana pasada, es decir la Ley de Comuna Autónoma de 1891, por sobre todo en materia electoral, recibió modificaciones  allá en los agitados días de 1914, excluyéndose a los municipios de la administración del padrón electoral que había provocado tantos dolores de cabeza a la siempre perfectible democracia chilena.  Sin embargo, algunas irregularidades generadas por esta ley siguieron produciéndose hasta pasada la década de 1930 (http://www.memoriachilena.cl)

Así pasó con la Ley Nº 2.960 de 18 de Diciembre de 1914, que interesa al tema que tratamos ya que también consagró, en el ámbito sustantivo, y en una decisión que marcaría el destino de lo que hoy conocemos como Juzgado de Policía Local (Título XIII denominado “de la Contravención a las Disposiciones Municipales”) la restitución a cada uno de los tres Alcaldes, por turno mensual, -y que con la ley anterior competía a las Jueces de Letras- de la facultad de conocer las contravenciones a ordenanzas, reglamentos, acuerdos municipales y decretos de la Alcaldía, permitiendo aplicar las multas correspondientes. La multa se notificaba por escrito al infractor y se colocaba en la puerta de la sala municipal. La apelación de la resolución, solo procedía previo pago de la multa y debía entablarse dentro de  diez días para ante el Juez de Letras en lo Civil, quien la conocía en juicio sumario, es decir ¡oh lector!, en un procedimiento teóricamente breve. La norma mantiene las competencias que ya habíamos revisado someramente la semana pasada, y agrega el conocimiento de ciertas faltas al Código Penal promulgado en 1874, muchas de ellas con clara connotación ambiental, cuyo conocimiento estuvo en sede local hasta la reforma procesal penal que presenciamos ya a finales de los años 90 del siglo XX. 

Así, se empezó a castigar en sede vecinal las infracciones a las reglas establecidas para la quema de bosques, rastrojos u otros productos de la tierra, o para evitar la propagación de fuego en máquinas de vapor, caleras, hornos u otros lugares semejantes. Lo propio respecto de infracciones a los reglamentos sobre corta de bosques o arbolados, en ambas, castigando al infractor con prisión hasta 40 días conmutables en multa. Lamentablemente estos reglamentos sobre la roza a fuego, se dictaron mucho más tarde, en 1925 y 1937 respectivamente (Gallardo Gallardo, Enrique: “Manual de Derecho Forestal”; Ministerio de Agricultura, Conaf; 1ª  ed. Santiago 2013; Pág. 32)  También, conoció esta justicia de la infracción de “entrar sin violencia a cazar o pescar en sitio vedado o cerrado”, y de la infracción “a los reglamentos de caza o pesca en el modo y tiempo de ejecutar una u otra o de vender sus productos”. Las normas anteriores, como se sabe, siguen campeando en el Código Penal, pero acaso tácitamente derogadas por las disposiciones especiales contenidas en la  Ley de Caza y de Pesca Recreativa, respectivamente… continuará.

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