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Inclusión efectiva
Redacción, Diario El Divisadero - 13-01-2018

Hay disposiciones legales que no solo parecen, sino que son letra muerta. Y es que el frenético ritmo de la ciudad muchas veces no permite ver más allá de nuestros ojos.

Es el caso de la normativa de integración social de personas con discapacidad que, aunque muchos no lo sepan, rige desde 1995 y que en el caso de los edificios públicos o privados con atención de personas, demandaba la habilitación de rampas o accesos especiales. Si bien algunos edificios con atención de público se han esmerado por instalar rampas y facilitar accesos a discapacitados, lo cierto es que hay otros que simplemente han hecho vista gorda a la disposición legal, amparados en la ignorancia de unos cuantos y en la desidia de otros por hacer regir la ley.

En Coyhaique son muchos los inmuebles que aún no cuentan con rampas para el acceso de personas con movilidad reducida o que utilicen silla de ruedas. Y peor aún, parece que nadie, salvo Senadis, está realmente interesado en respetar el espíritu y la letra de esta normativa. Y decimos esto último porque, por ejemplo, el principal edificio público de la Región de Aysén, la Intendencia, si bien cuenta con un acceso, por todos es sabido que no cumple con las exigencias y que además, además de peligroso no resuelve el problema, porque si alguien desea entrevistarse con el Intendente/a, y depende de una silla de ruedas, tiene que necesariamente, pedir que lo carguen para llegar al despacho de la autoridad o bien, exigir que ésta baje a la cita. Cosas como estas son la constante acá en Aysén, de hecho nos atrevemos a señalar que hay rampas o accesos que se hicieron “por cumplir” y que definitivamente no sirven para nada. Pero para colmo, aún cuando es la municipalidad la que debe fiscalizar el cumplimiento de esta normativa, el propio edificio consistorial no cuenta con accesos decentes para personas con discapacidad.

Este penoso panorama se convierte en una verdadera pesadilla si a la falta de rampas de los edificios sumamos la carencia de bajadas para sillas de rueda en algunas calles y además la despreocupación e insensibilidad de muchos conductores que estacionan sus vehículos en lugares debidamente señalizados para personas con discapacidad. Frente a este escenario, la ciudad se convierte en una trampa sumamente peligrosa para ellos y ellas, que bastante razón tienen para sentirse desolados y hasta abandonados. Eso sí, no pierden la fe en que eso de la integración social sea una realidad y deje de ser sólo un tema para oportunistas discursos políticos y una molestia que choca frontalmente con mezquinos intereses.

Seguramente, cuando nuevamente se publiquen notas respecto a este tema y el incumplimiento de la ley, volverá la atención -aunque pasajera-, para ellos/as, y la necesidad de que puedan mejorar las condiciones de vida y su desenvolvimiento en una ciudad que se presenta agresiva e indolente. Y a nadie parece importarle tanta apatía legal y ceguera social frente a la realidad.

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