Cómo la corrupción afecta al Estado de Derecho
Carlos Palma Guerra, Fiscal Regional de Aysén - 15-03-2019

En esta ocasión, creo importante reflexionar sobre cómo la corrupción penetra todos los niveles de la sociedad y cómo, lamentablemente, puede también afectar al Estado de Derecho. En este sentido, la probidad personal y administrativa surge como alternativa de prevención para las prácticas corruptas que circundan a los funcionarios públicos. 

Algunos años atrás, pensábamos que éramos un país ejemplar a nivel regional, en términos de hechos de corrupción al interior de instituciones del Estado. Al parecer, esa afirmación no tenía evidencias sólidas que la sustentaran, conforme a los hechos develados en el último tiempo y que son investigados por la Fiscalía de Chile. Todos esos casos han sido expuestos en los Tribunales de Justicia y difundidos por los medios de comunicación. 

Es por eso que la probidad pública se transforma en un concepto de suma relevancia para quienes trabajamos en el Estado, para los miles de funcionarios públicos que desempeñan profesionalmente una función de apoyo y servicio directo a la comunidad y donde -espero- sean sólo unos pocos los que se alejen de esta noble causa y opten por defraudar la fe pública, lo cual por cierto, sería un grave problema.

El principio de probidad está consagrado en la Constitución Política de la República. En su artículo octavo se explicita claramente que el ejercicio de las funciones públicas obliga a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Es decir, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares. 

Por cierto, es un hecho concreto que en el mundo, se pagan millones en sobornos y otras figuras legales, por lo cual la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades. Ningún país, región o comunidad es inmune a estos hechos.

Es más, la corrupción promueve la impunidad y limita la capacidad de los Estados para combatirla, creando un círculo vicioso que puede crecer y volverse incontrolable.

Por lo anterior, uno de los temas de interés prioritario para la Fiscalía Regional de Aysén durante el período de gestión que encabezo, han sido los delitos de corrupción, también conocidos como los delitos funcionarios, que se relacionan con todas aquellas conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, o aquellas que afectan el patrimonio del Estado en sentido amplio.

Y en una región donde el rol del Estado y su número de funcionarios públicos es amplia, sin duda que es un tema de relevancia. En línea con lo anterior, la comunidad puede tener la absoluta tranquilidad de que estamos trabajando de forma conjunta para prevenir y detectar cualquier forma de corrupción pública. En la Fiscalía, ese tipo de conductas no son permitidas ni toleradas y ante cualquier asomo de una situación reñida con la probidad, se adoptan las medidas administrativas y penales que corresponden.

Carlos Palma Guerra - Fiscal Regional de Aysén.

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