Lotear, lotear, que el mundo se va a acabar
Patricio Segura Ortiz, Periodista. psegura@gmail.com - 13-07-2021

Lo que ya venía ocurriendo en Aysén desde hace un tiempo, y en otros territorios y épocas desde hace más, se ha acelerado en el último año producto de la pandemia.  El anhelo por espacios abiertos y el contacto directo con la naturaleza, sumado a la posibilidad de tele-existir acrecentado por el miedo contagiarse y las restricciones de movilidad, han sido fundamentales.  Si a esto agregamos los críticos efectos del cambio climático en la provisión de servicios ecosistémicos como el agua (que afectan al norte y centro de Chile), el panorama está claro.

Desde Puerto Guadal, en la costa sur del lago General Carrera, ya se siente la presión por más y más terrenos para instalar ya no sólo una segunda vivienda sino incluso la primera.  O, como también ocurre, pensando en el futuro. Sea esto para establecerse o para hacer caja más adelante, que la especulación también es cueca en estos neoliberales días.

Los emigrantes climáticos y pandémicos, con poder adquisitivo para ello, están preguntando, cotizando, comprando cuanto trozo de tierra esté disponible a su alcance.  En muchos casos en contacto directo con familias propietarias originarias, muchas de ellas beneficiarias de cientos e incluso miles de hectáreas producto de antañas políticas de Estado que traspasaban terrenos fiscales a cambio de ocupación y trabajo de campo. Fue el sino del asentamiento que forjó Aysén.

Ya me relató una amiga su impresión por el volumen de loteos que pudo contar de Chaitén al sur, en su reciente viaje por el Camino Longitudinal Austral.  No hay sorpresa alguna en ello, coherente con los avisos en prensa y redes sociales que exhiben corredores de propiedades ofreciendo medias hectáreas de ensueño, algunas literalmente en la punta del cerro.

En Chile el mínimo de subdivisión predial es de media hectárea.  O dicho de otra forma, cinco mil metros cuadrados.  Este trámite se realiza ante el Servicio Agrícola y Ganadero, al cual debe comprobar si los terrenos de aptitud agrícola, ganadera y forestal ubicados fuera de los límites urbanos son iguales o superiores al piso de superficie legal, y que cuenten con acceso y salida desde y hacia un camino público.  Con dicho certificado se continúa la inscripción ante los conservadores de bienes raíces respectivos.  En caso de construir viviendas, requerirán los permisos de edificación de la municipalidad correspondiente.

Este tema tiene múltiples aristas y no es posible en esta columna abordarlos todos.  

Lo primero, la necesidad que tienen muchos pobladores y pobladoras de obtener ingresos a través la venta de terrenos obtenidos a título gratuito.  Revisar una profundización de las políticas públicas dirigidas a la agricultura, que morigeren el proceso de desruralización actual es fundamental.  Iniciativas relacionadas con la agricultura regenerativa y biointensiva, complementada con un turismo sostenible, son parte de la solución, al igual que formas de habitar el territorio autosustentables.  Que vivir en el campo no sea sinónimo de pobreza, como es entendido por muchos y muchas, traspasando la lógica de que lo urbano es lo bueno, lo rural lo atrasado. Siendo que es en estos últimos espacios donde está la vida.  Que es esencial.

Pero además de la discusión sobre la propiedad del suelo, hay aspectos biofísicos y ecosistémicos que afectan los territorios con las subdivisiones amontonadas y de pequeña escala en lugares concentrados.  Es decir, en los loteos indiscriminados.

Consumo de recursos en términos de agua, energía, alimentos, material de construcción; uso de terrenos para la disposición de residuos de todo tipo (sólidos, aguas grises y negras); fragmentación del territorio (con serios efectos en los corredores biológicos) a través de caminos son parte de los impactos que genera el cambio de uso de suelo de terrenos hoy no urbanizados.

No es una materia fácil.  ¿Con qué derecho alguien que vive desde ayer en el campo cuestiona a quienes hoy quieren hacer lo propio?   Mal que mal, el Verdín fue en algún momento terreno rural, así como el sector alto de Coyhaique y, si me siguen, todos los centros urbanos de Aysén y el mundo.

Es en este momento donde debe entrar la planificación con matriz ecosistémica al momento de reflexionar sobre el uso del territorio. Ordenamiento territorial de le llama a ello.  Que no sea la especulación y el mercado el que defina los nuevos espacios poblados, que no es lo mismo una vivienda que veinticinco en el mismo lugar, incorporando al debate aspectos como resiliencia y capacidad de carga de la naturaleza y las propias comunidades.  En el fondo, evaluación social y ambiental.

Este fenómeno está ocurriendo en muchos lugares de Aysén y es percibido por las comunidades que ven cómo se crean futuras nuevas poblaciones (condominios incluso) sólo porque alguien compró y loteó.  Hoy es necesario que lo vean también las autoridades, con el fin de que sean procesos no impuestos sino con gobernanzas que incorporen el sentir local.

Porque, si me preguntan, una política con sentido colectivo y público podría ser destinar terrenos fiscales para familias que, con proyectos ambientalmente sustentables (no exclusivamente productivos), desarrollen nuevas formas de habitar este trozo de Patagonia. Con orden de prioridad, por cierto: aiseninos, chilenos y extranjeros (mal que mal, la ponderación por territorialidad no es nueva en las decisiones que adopta el Estado).

Porque qué hacemos (y no hacemos, pensando en la preservación y protección) con lo rural debiera ser una materia, aunque quizás no con ese nivel de detalle, que sí debiera ser considerada en la nueva Constitución. 

El Divisadero TV
UAysen al día · noviembre 2021
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