Buenas noticias, el blabla y la complicidad institucional
Peter Hartmann, Coordinador Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida - 13-10-2021

Que agradable es sentir la primavera, el reverdecer, ver debajo de mi casa como se bañan en una poza los teros y patos, observar las liebres saltando en la pradera, recoger huevos de las gallinas que están todas poniendo, solazarme con el aroma de las flores de calafate, estar a la espera de mis vecinitos chercanes.

Contento también con el éxito de mi hijo Martín, el amigo Hernán Calvis, Hugo Castañeda, Juan Ruiz y Juan Zúñiga, andinistas esquiadores regionales, en el Volcán Maca (¡las hermosas montañas de nuestro litoral tienen sus complicaciones!). También con el éxito de otros deportistas regionales de nivel nacional, donde han destacado últimamente, logros que obtienen con mucho esfuerzo y dedicación.

Qué bien hace también recibir buenas noticias. Como aquella de que la Organización de las Naciones Unidas acordó reconocer “el derecho a vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, sin el cual difícilmente se puede disfrutar de otros derechos, como la salud o incluso la vida”. Seguramente ese derecho, al igual que aquel al agua, será recogido en la redacción de nuestra nueva Constitución. Aunque hay quienes dicen ese derecho ya está entre los ya redactados anteriormente, nunca esta demás hacerlo más explícito.  Ahora, de ahí a que las naciones mundiales lo cumplan, es otra cosa. De hecho, había países que no estaban de acuerdo y otros, como Brasil, que dicen que ese derecho no implica pasar por sobre la soberanía de cada Estado, lo que se entiende en que están ni ahí con cumplirlo, pasando a ser letra hueca como tantos otros derechos universales, que cuando a algún gobierno no le convienen, no se hacen problema en transgredirlos. Es como el reclamo de Greta Thunberg sobre las medidas ante la emergencia climática, en “que los líderes mundiales llevan treinta años de blablá, ahogando las esperanzas de las nuevas generaciones con huecas promesas”. La verdad es que nos interpreta plenamente, ya que desde 1988 venimos advirtiendo sobre este problema global decisivo sin que los líderes nacionales hayan ´pasado mucho más allá del blablá. ¡Y muchas veces ni eso siquiera! Hasta me trae a la memoria un recorte de la Revista del Domingo en que aparezco en una manifestación - cicletada universitaria de junio de 1979 (la primera) contra la contaminación del aire de Santiago, con un cartel que dice “¡Queremos Acción y menos Blablá!”.

La otra buena noticia es que el tribunal Ambiental de Valdivia al fin le puso un “parelé” al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA y a la Superintendencia del Medio Ambiente por no exigir evaluación ambiental de proyectos en Áreas de Protección Oficial, en este caso la Zona Nacional de Interés Turístico, ZOIT, Chelenko, por el proyecto hidroeléctrico de Edelaysen en las cascadas de Los Maquis. La verdad es que ha sido una larga lucha por que la institucionalidad ambiental tome en cuenta su propia razón de existir, misión y objetivos. Llevamos años (con el valioso trabajo legal de Lawen-Erwin Sandoval), para que esa institucionalidad tome en cuenta, sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, sitios arqueológicos y paleontológicos y las ZOIT como áreas puestas bajo protección oficial. Eso, en proyectos mineros y ahora en un proyecto hidroeléctrico que ya se esta construyendo. Lo mismo ocurre con las áreas protegidas del Sistema Nacional del Estado a cargo de Conaf, parques y reservas nacionales y monumentos naturales, donde lo del área protegida esta explicito y sin embargo tampoco se cumple. Menos aún, con santuarios de la naturaleza. En todos estos hay salmoneras y hasta se han ampliado sin que siquiera se les exija estudios de evaluación de impacto ambiental, ni se cumpla con los dictámenes sobre la materia de la Contraloría General de la República. Y cada vez que pasa alguna de estas ilegalidades es la ciudadanía la que debe recurrir hasta los tribunales, en vista que la institucionalidad las ampara y hasta las defiende. La verdad es que nos parece sumamente injusto, porque indudablemente pocas veces la ciudadanía o algún simple ciudadano cuenta con abogados que los puedan defender y representar. Incluso en esos casos, la institucionalidad que se supone defiende al ambiente, recurre a los resquicios más deleznables para tratar de justificar las ilegalidades. No en vano la Contraloría, no hace mucho, tras una auditoria, demostró que varios servicios “públicos” más bien parece trabajan para guardarle las espaldas a las salmoneras. Y por cierto ocurre también con eléctricas, mineras, forestales y otros.

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