Partamos por el principio.  

Si Edelaysén presentó la central Los Maquis a la comunidad de Puerto Guadal no fue por iniciativa propia.  Tampoco su evaluación ambiental.  Similar se puede decir con respecto al pronunciamiento del Consejo Regional de Aysén (CORE) que acordó, como cuerpo colegiado, que el proyecto es coherente con los instrumentos de planificación regional.

No, no sabemos de Los Maquis porque la empresa, el CORE como órgano político, este gobierno ni el anterior, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ni la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se preocuparan por los impactos e ilegalidades de una obra ya construida.  Fue, precisa reiterarlo, por vecinos empeñados en cuidar su territorio en términos ambientales, culturales, sociales e, incluso, económicos, persistentes en visibilizar lo que otros no vieron o no quisieron ver, quienes lograron que los tribunales ambientales obligaran la evaluación ambiental hoy en curso.

Este punto, que se relaciona con la necesidad de participación ciudadana, no fue parte del debate de la sesión del CORE del miércoles 12 de julio a la cual se convocó para aprobar o rechazar un "informe de coherencia de planificación regional" que elaborara la División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADE) del Gobierno Regional de Aysén, por requerimiento del SEA.

Al ser el CORE un órgano electo, sus decisiones no son técnicas sino políticas.   Se sustentan, más allá de argumentos en contrario enarbolados, en las visiones personales e ideológicas de sus integrantes.  No limitando lo ideológico a lo estrictamente partidista, aunque algo de eso hay también, sino ampliándolo a las miradas sobre el desarrollo, cómo enfrentar las necesidades de la población, el cuidado de la naturaleza.

Lo que pudo haber sido una discusión técnica fue, en la práctica, un listado de justificaciones para apoyar un proyecto sobre el cual el CORE nunca deliberó, a pesar de la profusa información disponible.

Un ejemplo es afirmar que producto de la paralización de Los Maquis -porque la SMA (obligada por una sentencia) requirió su evaluación ambiental- el hospital de Chile Chico no tendrá electricidad para operar.  Idea reiterada por quienes pretenden respaldar a todo evento, y en ocasiones a ciegas, cualquier cosa.  

Aunque el argumento suena lógico, la correcta planificación requiere ir un poco más allá.  Y mejorar la forma en que desde lo público se debate sobre el desarrollo.

Pensemos en esta frase:  "Nuestro problema es que no tenemos una planta de agua potable".  En el proceso de evaluación de proyectos, planes y programas, no tener una planta de agua potable no es un problema.  Porque estas infraestructuras son, en realidad, una más de las distintas alternativas de solución a un dilema previo: acceso a agua de calidad.  Un problema real que se puede enfrentar por distintas vías: planta de agua potable; pozos comunitarios; subsidios para evitar el uso de contaminantes cerca de los afluentes; recuperación de las fuentes.  Una mezcla.

Comprendiendo esto, Los Maquis es sólo una más de las opciones a las necesidades energéticas del territorio.  La que escogió Edelaysén sin socializarla previamente con la comunidad ni plantear alternativas que no se sustentaran exclusivamente en la rentabilidad esperada y en el acuerdo al que llegó con el dueño del terreno y los derechos de agua. Porque el dilema energético en Aysén tiene múltiples caminos, como bien lo sabemos quienes participamos en el proceso de elaboración de la Política Energética Regional.  Estamos hoy acá simplemente porque la empresa siguió ése.

La presentación de la DIPLADE tuvo una clara orientación.  Se le solicitó establecer, fundadamente, la "compatibilidad territorial" y la "relación con políticas, planes y programas de desarrollo regional" del proyecto.  Tanto en la presentación como en el informe se relevó exclusivamente lo relacionado con el desarrollo energético relegando, si no omitiendo, lo vinculado al turismo y la protección ambiental.  Siendo que el fallo de la justicia apuntó específicamente a ello.

No hubo análisis sobre el decreto que constituyó la ZOIT Chelenko,  en el que se sustenta la sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia, y cuya visión al 2030 es un territorio que "protege y valora sus recursos naturales".  Tampoco que la propia Estrategia de Desarrollo Regional (EDR), en el capítulo sobre "Crecimiento y Desarrollo Económico", apunta que "hoy resulta evidente la vocación y aptitudes de la región para ser un destino relevante dentro de los próximos 10 años en el nicho del Turismo de Intereses Especiales (TIE), en particular aquel referido al turismo de naturaleza".  O que la Política Regional de Turismo como objetivo plantea "promover el desarrollo turístico de la Región de Aysén a través de la puesta en valor turístico de sus recursos naturales y culturales" y como propósito "posicionar a la región de Aysén como un destino turístico remoto de clase mundial, diferenciado por su naturaleza prístina e identidad pionera".

Menos que en la visión 2030 de la EDR se plantea que el desarrollo regional "requiere de una real preocupación por los problemas ambientales de la región, basada en un modelo de desarrollo sustentable de acuerdo a la vocación natural de la región como reserva de vida". O que los lineamientos estratégicos del Informe Ambiental del Anteproyecto de la Política Energética estipulan que se debe "compatibilizar el desarrollo energético con el resguardo ambiental", requiriendo que "el sector energético en la región de Aysén se desarrolle de manera respetuosa con el patrimonio natural e identidad local, tomando los debidos resguardos que minimicen los impactos sobre el territorio, sea compatible con otras actividades y sea promotor de la sustentabilidad en la región".

Es breve este espacio para dar cuenta de las omisiones que la DIPLADE realizó en su informe y presentación para concluir que "la iniciativa se relaciona con política, planes y programas de desarrollo regional y no perjudica las definiciones estratégicas de dichos instrumentos vigentes". 

Votaron a favor Marisol Martínez, Lilian Inostroza, Loreta Villegas, Víctor Escobar, Rocco Martiniello, Omar Muñoz, Raúl Rudolphi, Marcos Gillibrand, Felipe Klein, Sergio González y Jorge Abello.  Rechazaron Paula Acuña y Paulina Hernández. Se abstuvo la gobernadora Andrea Macías. 

Tras el acuerdo (aunque un dato más en el proceso de evaluación, sí muy sintomático), sólo resta cerrar con un párrafo que la empresa incluyó en su declaración y que, políticamente, el CORE apoyó: "El titular del proyecto no contempla realizar compromisos ambientales voluntarios no exigidos por la legislación vigente".  Decisión coherente con su fin último y que es, más allá de las añoranzas de cuando Edelaysén pertenecía al Estado, engrosar el patrimonio de ciudadanos canadienses al ser propiedad de Ontario Teachers Pension Plan y Albert Investment Management Corporation.

A costa de la biodiversidad y los atractivos de Aysén.