"¡A 10 mil pesos la botella de oxígeno!" gritaba el chico parado en la acera, como quien vende superochos.  "Aproveche, estamos liquidando: 6 horas de aire puro por 20 mil" lanzaba otro por allá.  Un valor impagable, por lo menos para el ser humano de a pie.  Para el simple mortal, que no se puede dar el lujo de destinar $ 80.000 diarios a sobrevivir.

Este cuadro inicial es lo que cualquiera se imagina cuando se habla de privatizar el aire.  Un carrito de completos en la esquina, vendiendo envases transparentes.  Del que tenemos en gran parte del planeta, no así en muchas ciudades.

Decir que en Chile el aire está privatizado suena a eso.   A cinta de ciencia ficción, de un planeta lejano y extraño, apocalíptico.  Un mundo que nunca alcanzaremos a vivir. Y, por tanto, de lo cual no debiéramos preocuparnos.

Así funciona la política de los escenarios imposibles: son tan absurdos que no alientan a acción alguna.

Pero en Chile, el aire efectivamente alguna vez se privatizó. Indirectamente, pero se privatizó. 

Ocurrió en la Región Metropolitana, durante la década de los 80, cuando los niveles de contaminación atmosférica por material particulado alcanzaron niveles críticos.  En 1987 se registraron más de 110.000 casos de enfermedades respiratorias en la ciudad, con episodios de bronquitis, asma, neumonía y otras infecciones respiratorias agudas (IRA).

Fue lo que obligó en 1990 a la implementación del primer "Plan de Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago", que permitió regular las emisiones de los vehículos y la industria, promover uso de combustibles menos contaminantes, crear áreas verdes y promover la educación ambiental.

Pero previo a esto, muchos de sus habitantes ya habían tomado sus propias medidas.   

¿Qué hizo la gente con mayor poder adquisitivo? Comenzó a emigrar a la precordillera y a otras zonas fuera de la capital, donde se podía acceder a aire puro, naturaleza, hermosas vistas incluso.  ¿Y qué hicieron quienes provenían de los sectores más vulnerables? Simple, quedarse en sus casas respirando aire de segunda.

Está claro que los motivos para irse a vivir fuera de Santiago también estuvo cruzado por otras variables (seguridad, tranquilidad, precios de las propiedades), sin embargo la calidad de vida producto de la contaminación atmosférica fue vital.

En el Santiago de los 80, escapar de las enfermedades pulmonares, el smog y la contaminación se transformó en un tema de dinero.  Con un aire indirectamente privatizado.

Para entenderlo, en todo caso, no hay que ir tan lejos.  Es, en definitiva, lo que ha venido ocurriendo también desde hace algún tiempo en Coyhaique y en otras ciudades de la región de Aysén.  Donde producto de diversos factores, se privatiza la buena calidad de vida, aire puro incluido.

Es por ello que las políticas públicas son tan importantes.  Porque son las que permiten, en primera medida, hacer lo que el mercado no puede (ni le tiene por qué interesar): que los mínimos para vivir en dignidad estén al acceso de todos y todas.  Sin importar la profundidad del bolsillo. 

Es donde confluyen distintas visiones e intereses, en pos del bien público. En el caso chileno Estado, municipios, habitantes, organizaciones de la sociedad civil, empresas, con el fin de tomar decisiones colectivas.  Donde esté el mercado presente, claro está, pero que no sea el que defina cómo debemos vivir. Sobrevivir.  Incluso en algunos casos dramáticos, morir.

Es lo que está en juego con la nueva Constitución.  Muchos aún creemos que requerimos una que no ponga en primer lugar la mercantilización, como hoy ocurre con muchos, demasiados, bienes comunes y derechos sociales. 

Entre ellos, el aire.