En medio de la tramitación con suma urgencia en el Congreso, el Ejecutivo busca reformar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, suprimiendo facultades penales, recortando su presupuesto con un eventual cierre de sedes regionales y eliminando la presencia directa de la sociedad civil en su Consejo. Todo lo anterior con el fundamento de racionalizar el gasto público y reorientar la labor hacia un rol "principalmente consultivo y técnico".