Peter Hartmann, Coordinador Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida
Varios hechos importantes hicieron noticia en estos días: Está nuevamente la intención de abrir la caza de lobos marinos para satisfacer demandas de pescadores, mientras varias pesquerías, entre ellas la de merluza, están sobreexplotadas o colapsadas hace años. Y claro los lobos también sufren de hambre. Esto ocurre cada cierto tiempo y transparenta el desequilibrio y mal manejo que hay en ese mar que antaño tranquilo te bañaba. Y están los cien años desde la creación del primer parque Nacional de Chile, el Vicente Pérez Rosales en la Región de los Ríos y que hizo recordar la precariedad de estos en nuestro país donde se invierte solo un dólar /Ha. de área protegida al año con un retorno de $6 que se espera suban a 8,6. Ahí cerca, el P.N. Lanín en Argentina cuenta con 190 funcionarios y un presupuesto anual de 1200 millones de pesos (A). Vale recordar que en Aisén hay varios parques nacionales sin guarda, ni infraestructura, ni plan de manejo, o sea sin inversión. Francamente vergonzoso.
Y a propósito de precariedad, hay parques nacionales de Aisén y Magallanes donde tras ya más de una década que la Contraloría determinó que era ilegal la presencia de salmoneras ¡sin embargo siguen ahí! Y eso, mientras en la famosa ley miscelánea de "Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico" se pretendía permitir la indemnización por parte del Estado a inversionistas cuando una Resolución de Calificación Ambiental, RCA, fuese anulada por la justicia y permitir "microrelocalizaciones" de concesiones sin pasar por el sistema de evaluación ambiental. Ambas fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Además, este Tribunal limitó la exención de plazos y beneficios a algunos proyectos, mientras mantuvo vigentes otras disposiciones impugnadas. Celebramos la defensa de áreas protegidas y la inconstitucionalidad lograda gracias a parlamentarios, sociedad civil y el Tribunal ante una arremetida gubernamental en la cual el parlamento estuvo zozobrando y nos llamó la atención la ausencia de ONGs dedicadas a temas político-legales-ambientales. Por nuestra parte fuimos de los primeros en expresar nuestra opinión y dudas en columna de 28 abril en El Divisadero ("Ley Llauqueto para Reconstrucción"), por lo que la determinación del Tribunal no fue mayor sorpresa.
Ahora, en cuanto a comentarios y análisis de lo sucedido, la indemnización tras anular RCA por la justicia no solo es inconstitucional, es pasar a llevar a ese poder. O sea, era obvio su rechazo y conflictividad. ¡A quién se le ocurre hacer algo así! Y respecto a las "microrelocalizaciónes", la industria hace tiempo pretende correr concesiones, lo cual podría parecer tema menor al ser "unos metros más allá no más", entonces ¿porque desde un principio no pusieron la concesión ahí? ¿qué es lo que realmente hay detrás de esta movida? ¿es tan terrible tramitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental, de esas en que prácticamente copian alguna anterior y pasan como por un túnel por el sistema de evaluación? Cuál es el afán de correrse unos metros expandiendo la contaminación en vez de usar las más de 50 a 70% de concesiones que tienen ociosas? Por cierto esa RCA sirve además para revisar que esa concesión no se encuentre en lugar indebido, como alguna área protegida y esté cumpliendo la demás normativa ambiental, cosa que por lo visto a algunos no les parece bien.




















