El 24 de octubre de 1945 entró en vigencia la Carta que creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Han transcurrido 80 años desde entonces y los valores que inspiran dicha organización siguen siendo válidos y necesarios en nuestro mundo. La paz, los Derechos Humanos, la igualdad y la justicia. 

En nuestro país enormes cambios culturales, institucionales y del sistema de justicia, obedecen a los tratados internacionales surgidos en el seno de la ONU.

Solamente a modo ejemplar, en 1989 la ONU aprobó la Convención de los Derechos del Niño, que contempla un conjunto mínimo de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, para todos los niños, niñas y adolescentes. 

El Estado de Chile la ratificó el 13 de agosto de 1990, dando lugar a la Ley de filiación (año 1998), que terminó con la distinción discriminatoria de los hijos nacidos dentro del matrimonio (legítimos) o fuera del matrimonio (llamados en su tiempo "ilegítimos" o "huachos"); la Ley que crea los Tribunales de Familia (año 2004) puso fin a los antiguos "tribunales de menores"; la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (año 2005), dejó atrás las declaraciones de discernimiento, para definir si los adolescentes serían juzgados como adultos; y la Ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (año 2018), como encargada de la protección de los Derechos Humanos de todas las niñas, niños y adolescentes.

También es profundo el vínculo entre la ONU y la defensa penal pública. Los tratados internacionales de Derechos Humanos ? como la Declaración Universal de DDHH (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) o la Convención contra la Tortura (1984)? constituyen el Sistema Universal de Derechos Humanos que guía nuestro servicio. Ellos reconocen que toda persona acusada de un delito tiene derecho a un juicio justo, a la presunción de inocencia y a contar con una defensa eficaz, sin discriminación alguna.

En la Región Aysén, donde las distancias, las condiciones climáticas y la dispersión geográfica pueden dificultar el acceso a la justicia, estos principios cobran un sentido aún más concreto. La Defensoría Penal Pública trabaja para que los derechos consagrados por la comunidad internacional no sean solo declaraciones, sino realidades que se ejerzan en cada audiencia, en cada visita a una cárcel o en cada conversación con un imputado. Garantizar la defensa penal es, en definitiva, garantizar humanidad.

Conmemorar el Día de las Naciones Unidas es, por tanto, una oportunidad para reafirmar que la justicia penal no puede desvincularse de los derechos humanos. Cada vez que una persona es escuchada, cada vez que se evita una condena injusta o se garantiza un debido proceso, se está cumpliendo con el mandato universal de respeto a la dignidad humana.