Columnista, Colaborador
Las Dictaduras son actos criminales de lesa humanidad perpetrados por ciudadanos provistos de un poder estatal en contra de su país en democracia, avalado por ideologías políticas de carácter conservador, tiene en su proceso la violación flagrante de las instituciones democráticas de un Estado mediante el uso indiscriminado de los recursos dados desde un poder otorgado por el mismo Estado y su democracia, con la finalidad de que mediante el abuso consciente de la fuerza de dicho poder, se desbaraten todos los poderes estatales y los derechos particulares, reduciendo las capacidades legales de la sociedad y del ciudadano al mínimo componente mediante la disolución absoluta de leyes, acuerdos económicos, sociales y procesos políticos.
Estas acciones, que destruyen por completo la base intelectual, política y cultural de un país, busca la monopolización del poder en una sola fuerza política, prensa, económica y legal, con la convicción de que el uso de armas físicas y psicológicas podrá sostener en el tiempo el ideal conservador de control mediante la alteración de la realidad y la invisibilización del ciudadano.
Estos procesos autoritarios, que ejercen la violación sistemática de varias formas de vida y derechos, dañan no solo la etapa temporal en la que se vivió el hecho, sino que regresar al caudal democrático social puede tomar décadas, y por lo que veo, siglos.
Este 2026 se cumplen 54 años desde que, en el año 1973, la ideología conservadora, las FF.AA y grupos económicos de este país hicieron uso de la fuerza, las armas y la persecución contra El Estado, la democracia y los civiles, dejando el triste y recordado registro de 17 ciudadanos muertos en la Región de Aysén, ya sea por el asesinato o el uso de la desaparición forzada.
Actualmente, vivimos en la situación delicada de un abismo cívico político peligroso que solo se afirma en la razón del voto popular por el cual fue electo este Gobierno, ya que si no fuera por ello estaríamos hablando de autoritarismo, toda vez que el ejecutivo busca el promulgar leyes que buscan la proliferación del privado mediante el ajuste del Estado, la concentración presidencial absoluta de decisiones de Estado, la reducción de derechos humanos básicos como lo son el derecho a la privacidad, el derecho a reunión, a protesta y el libre tránsito, además del diseño de cierre de servicios sociales como PRODEMU, la exclusión de salud a los privados de libertad y la persecución constante a servicios educativos, culturales, medio ambiente, INDH, y ni hablar de las ciencias.
Esta forma de autoritarismo inserto en una democracia es tan solo el inicio de un proyecto conservador que tiene el lamentable cohecho del Poder Legislativo y Judicial, encarnando una ideología que busca perpetrar y consignar ante todos que, cuando ellos mandan, nosotros debemos callar y obedecer.






















