El 3 de octubre recién pasado se cumplieron siete años desde que se implementó la Ley de Entrevista Videograbada en nuestra región, formando parte de las seis primeras del país que lideraron su puesta en marcha. En esos años se dijo que esta ley implicaba una de las más profundas transformaciones en materia procesal penal desde la reforma a nuestro sistema. 

Hoy, cuando la vigencia de este cuerpo normativo ya está consolidada en todo el país, podemos afirmar con certeza que los objetivos plasmados en él se han ido cumpliendo de manera satisfactoria.

Al aprobar esta legislación, la sociedad chilena se hizo cargo de la necesidad de adecuar nuestro proceso penal a los principios impulsados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño que suscribimos en el año 1990.  Cambiar el paradigma de un proceso pensado por y para los adultos, pleno de símbolos y formulismos que generan una barrera para los ciudadanos, y en especial para los niños, niñas y adolescentes, era un imperativo ético.

Recordemos que la aplicación de esta ley está enfocada en los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y de otros delitos graves, y su objetivo principal es el de evitar la victimización secundaria durante su participación en el proceso penal. Para ello se han ido formando entrevistadores y entrevistadoras, principalmente del Ministerio Público y de las policías, quienes, a través de una metodología especial, logran una comunicación más fluida y efectiva con la víctima, lo que además redunda en la obtención de información de mejor calidad para la investigación.

Por otra parte, se han habilitado salas especiales para las entrevistas, generando un espacio de acogida y contención adecuado para los niños, niñas y adolescentes.

Valoramos profundamente la colaboración y la coordinación con las diversas instituciones que forman parte del sistema procesal penal: el Poder Judicial, las Policías, la Red de Infancia, los establecimientos de salud, educacionales y el Servicio Médico Legal, entre otras, sin cuyo compromiso no habríamos podido enfrentar este importante desafío.

Pero los esfuerzos realizados han valido la pena. Hoy ya van más de mil niños, niñas y adolescentes en la Región de Aysén que han sido entrevistados a través de este nuevo sistema, garantizándoles una interacción más amable y más acorde a su etapa de desarrollo. 

Nos gustaría como sociedad que no hubiera víctimas de estos delitos, pero al menos hoy podemos ofrecer una alternativa que ha significado un avance en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Informes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han dado cuenta de estos avances, y en la evaluación no sólo han participado las instituciones involucradas, sino lo más importante, han sido los propios protagonistas de estas entrevistas quienes han valorado este cambio apuntando a que se han sentido acogidos y escuchados. Sin duda nos queda mucho trabajo por delante en esta materia, pero vamos avanzando.