Redacción, Diario El Divisadero 
Una escalada de tensión, acusaciones públicas y hechos de amedrentamiento mantiene en alerta a dirigentes ambientales y comunitarios de la Región de Aysén. Cuatro reconocidos defensores del territorio presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique tras denunciar una campaña de difamación impulsada en redes sociales por el excandidato al Senado Manuel Anabalón Jeldres.
La acción judicial busca resguardar la honra y seguridad de Daniel Caniullán, Nelson Millatureo, Paolo Maticini y Peter Hartmann, quienes acusan haber sido expuestos públicamente mediante videos difundidos en TikTok y Facebook, donde se les atribuye recibir financiamiento extranjero para "boicotear" la economía local.
Según los dirigentes, los registros —que superan las 60 mil visualizaciones— contienen afirmaciones falsas y malintencionadas, construidas a partir de interpretaciones de un reportaje emitido por TVN el pasado 22 de marzo.
La gravedad de esta exposición mediática ha tenido consecuencias inmediatas: tras la viralización de los videos y el ingreso de la medida cautelar, se registró un allanamiento ilegal en el hogar de Peter Hartmann y, recientemente, un nuevo ingreso de desconocidos en la vivienda de Paolo Maticini, provocando daños y robo de pertenencias.
Los recurrentes —pescadores artesanales, comunicadores y arquitectos que poseen una trayectoria de décadas en la protección del medioambiente y de las culturas originarias de la Patagonia— aseguran que nunca han recibido fondos como los mencionados, ni en relación al monto ni tampoco a un supuesto objetivo de "boicoteo" comercial.
La defensa de los dirigentes subraya que este tipo de narrativas tendenciosas en medios masivos y redes sociales actúa como un catalizador de violencia, exponiéndolos a ser tildados de "traidores" y comprometiendo su seguridad en sus propios territorios.
El recurso solicita la eliminación de los contenidos injuriosos, la prohibición de nuevas publicaciones similares y una Orden de No Innovar para proteger la vida y la honra de los dirigentes mientras se resuelve la causa.
Este escenario de hostigamiento se enmarca en la alta tensión entre la industria salmonera y las comunidades locales por el control del borde costero. El núcleo de la disputa es la Ley 20.249 (Ley Lafkenche), que permite la creación de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).
