Editorial, Redacción La reciente visita de fiscalización al ELEAM de Coyhaique realizada por los diputados René Alinco y Alejandra Valdebenito dejó en evidencia presuntas irregularidades en el funcionamiento de este recinto de larga estadía para personas mayores. Ambos anunciaron que recurrirán a Contraloría para que los antecedentes sean investigados y, si corresponde, se adopten las medidas necesarias.
Pero más allá de las eventuales responsabilidades administrativas o legales, esta situación debiera abrir una conversación mucho más amplia: ¿cómo estamos cuidando a nuestros adultos mayores?
En el ELEAM de Coyhaique viven poco más de 60 personas, cada una con una historia y una realidad distinta. Son personas que, por diferentes circunstancias, no pueden permanecer junto a sus familias y requieren un establecimiento que les entregue no solo atención, sino también dignidad, seguridad y condiciones adecuadas para vivir esta etapa.
El desafío, sin embargo, es mucho mayor. En Aysén son miles los adultos y adultas mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad y que muchos de ellos permanecen invisibilizados. Otros han logrado mantenerse activos, participan en organizaciones y continúan aportando a sus comunidades, pero no todos cuentan con las mismas oportunidades ni redes de apoyo.
Por eso es necesario abordar esta realidad desde una mirada integral. No basta con crear comisiones, mesas de trabajo o instancias de coordinación. Se requieren políticas públicas y acciones concretas que permitan conocer cómo están viviendo nuestros adultos mayores y cuáles son sus principales necesidades.
Hace falta un catastro regional que permita dimensionar esta realidad: vivienda, situación económica, acceso a salud, redes de apoyo y necesidades de cuidado. Sin información suficiente, difícilmente se pueden diseñar políticas eficaces.
En una región como Aysén, las distancias vuelven todavía más importante este desafío. El acceso a salud, medicamentos, cuidados y otros servicios puede ser mucho más complejo en localidades apartadas.
La discusión tampoco debiera aparecer únicamente cuando una fiscalización detecta problemas en un ELEAM. Es necesario anticiparse. Las personas mayores no pueden convertirse en una prioridad solo cuando existe una denuncia o una situación que genera preocupación pública.
El Gobierno Regional y los organismos públicos tienen aquí una tarea urgente: levantar ese diagnóstico y transformarlo en un plan regional con prioridades, recursos y acciones concretas.
Nuestros adultos mayores merecen vivir esta etapa con dignidad y oportunidades. Preocuparse de ellos no es solo una obligación institucional: es también reconocer a quienes contribuyeron a construir la región que hoy tenemos.
