Redacción, Diario El Divisadero 
Una solución que se arrastra desde hace más de un año comienza finalmente a concretarse para una familia de calle Sargento Candelaria, en Puerto Chacabuco, sector que cada vez que se registraban precipitaciones prolongadas sufría importantes anegamientos producto de la falta de una adecuada evacuación de aguas lluvias.
La situación afectó particularmente a la señora Bernarda Andrade, adulta mayor cercana a los 80 años, cuyo terreno, vivienda y pequeño local comercial se inundaron en reiteradas oportunidades, generándole importantes pérdidas materiales, además de problemas de salud y dificultades para permanecer en su propio hogar.
En la última sesión del Concejo Municipal de Aysén se aprobó la adjudicación del contrato para ejecutar las obras de evacuación de aguas lluvias en calle Sargento Candelaria, proyecto que será financiado con recursos del Gobierno Regional y que representa una inversión de $60.600.467.
La concejala Tatiana Villarroel valoró la aprobación de la iniciativa, destacando que finalmente el municipio asumió la responsabilidad de impulsar una solución frente a una problemática que, según explicó, durante largo tiempo fue derivada entre distintas instituciones.
"Este es un problema que se viene suscitando hace bastante tiempo, donde una familia puntualmente se ha visto muy afectada con la inundación de su vivienda, con pérdida de enseres que sin duda son importantes para cada uno y que después de mucho tiempo, porque hay que mencionar también que este es un problema que se estuvo como peloteando, por decirlo de alguna manera, desde varias instituciones, que al final del día se toma la determinación de que el municipio se hace cargo", señaló la concejala.
Villarroel explicó que el problema se originó debido a que las aguas lluvias provenientes de prácticamente una manzana terminaban concentrándose en el terreno de la familia afectada. Según detalló, tras el cierre de un terreno donde fueron instalados containers, una cámara existente quedó tapada, impidiendo que las aguas contaran con una adecuada vía de evacuación.
El proyecto contempla la instalación de 37,8 metros de tuberías HDP, además de 73,1 metros de tuberías de 600 milímetros destinadas a la conducción de aguas lluvias. También considera la construcción de cuatro cámaras de aguas lluvias y un muro de boca, junto con la modificación de tres cámaras existentes para asegurar la continuidad del flujo.
A ello se suma la limpieza y reperfilado de aproximadamente 30 metros de canal y la limpieza de las redes existentes, con el objetivo de mejorar la capacidad de drenaje del sector.
La iniciativa tendrá un plazo de ejecución de 180 días, contado desde la firma del contrato entre el municipio y la empresa adjudicataria. De acuerdo con la concejala, tres empresas manifestaron interés en participar del proceso, siendo finalmente una de ellas la que cumplió con todos los requisitos establecidos.
"Yo creo que es lo más importante", afirmó Villarroel respecto de que finalmente se pueda entregar una solución a la familia, recordando que los daños se produjeron en reiteradas ocasiones y que la propia afectada había realizado llamados públicos para encontrar una respuesta a su situación.
Llamado a reforzar la fiscalización a obras públicas
Junto con valorar la aprobación del proyecto, Tatiana Villarroel planteó la necesidad de determinar qué ocurrió antes de que se generara el problema y quiénes tuvieron responsabilidad en la intervención que habría terminado afectando el normal escurrimiento de las aguas.
"¿Qué pasó para atrás? O sea, quién se va a hacer cargo y quiénes son los responsables de este tipo de situaciones. ¿Quién dio la autorización de que esta empresa pudiera cerrar y que esto provoque todos los daños que provocó?", cuestionó la autoridad.
La concejala sostuvo que este caso también deja en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización cuando se ejecutan obras o intervenciones que pueden modificar las condiciones de un determinado sector.
"Yo siento que falta un poco de fiscalización, no solamente en este caso, sino que en otras situaciones que hemos vivido en Aysén, no solamente en Aysén, en los alrededores, donde no existe una fiscalización oportuna", indicó.
En esa línea, advirtió que la falta de controles adecuados puede terminar significando un mayor gasto de recursos públicos, debido a que posteriormente deben destinarse fondos adicionales para solucionar problemas que pudieron haberse evitado con una fiscalización más rigurosa.
