El Senado aprobó esta semana el proyecto de ley que regula y prohíbe el uso de teléfonos celulares en los establecimientos educacionales y en los distintos niveles de educación parvularia, básica y media. 

La iniciativa de la cual es autora la diputada Marcia Raphael Mora (RN), continuará ahora su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto establece que los colegios deberán incorporar la prohibición y regulación del uso de teléfonos en sus reglamentos internos con excepciones claramente delimitadas, tales como: situaciones de emergencia, necesidades educativas especiales, condiciones de salud que requieran monitoreo y actividades pedagógicas que justifiquen su uso. En educación media, además, se permitirá que los establecimientos definan espacios u horarios acotados para el uso del celular.

La diputada por Aysén, Marcia Raphael Mora, expresó que "estamos contentos por el avance en el Senado de esta iniciativa, de la que soy parte junto a otros diputados de Renovación Nacional. El objetivo es mejorar la concentración de los estudiantes, su relación con los docentes y, en consecuencia, la calidad de la educación", subrayó.

La parlamentaria de Renovación Nacional detalló que el proyecto también busca poner énfasis en el rol de la comunidad educativa y de las familias en la regulación del uso de dispositivos. "Además, se busca involucrar a la comunidad educativa y a los padres en este proceso. Y va en línea con la experiencia comparada en otros países y establecimientos en Chile que han implementado medidas similares".

Cabe destacar que la norma no pretende ser una prohibición absoluta, sino una regulación que permita ordenar el uso de tecnología en el contexto escolar. "La iniciativa, que confío en que pronto pueda ser ley, propone que los establecimientos educativos generen reglamentos, permitiendo excepciones por motivos de salud, seguridad, necesidades educativas especiales y situaciones de emergencia", agregó Raphael.

De ser aprobada en la Cámara Baja, la ley comenzaría a regir desde el inicio del año escolar 2026, y los colegios tendrán plazo hasta el 30 de junio del mismo año para adaptar sus reglamentos internos. Asimismo, el Ministerio de Educación deberá implementar medidas de acompañamiento y, en 2030, presentar un informe al Congreso sobre los efectos de la normativa en convivencia escolar, rendimiento académico y bienestar socioemocional.