Gran preocupación y un rechazo transversal ha generado en la Región de Aysén la reciente decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de retirar desde la Contraloría General de la República el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para Puerto Aysén y su área circundante, documento que formaba parte de un conjunto de 43 reglamentos ambientales en pleno trámite de toma de razón. El instrumento, que permanecía en el órgano contralor desde enero de este año, representaba una hoja de ruta fundamental para enfrentar las complejas condiciones del aire en la zona.

Frente a este escenario, la diputada por la zona, Andrea Macías Palma, reaccionó con firmeza ante la determinación del Ejecutivo. "Lo primero es decirlo con todas sus letras, es una mala decisión de este gobierno. Estamos hablando de un plan que llevaba desde enero del presente año en Contraloría listo para toma de razón y que hoy se retira", señaló la parlamentaria. Además, recalcó la importancia de las medidas estructurales que se ven paralizadas con este acto. "Este no es un documento cualquiera para Puerto Aysén, este plan contempla metas concretas, apertura a la posibilidad del recambio de 4000 calefactores, más de 3500 subsidios de acondicionamiento térmico en 10 años y una meta clave de disponibilidad de leña seca de 25.000 m³ al año", detalló.

En esta misma línea, el consejero regional por la provincia de Coyhaique, Benjamín Infante, calificó la medida gubernamental como lamentable. "Estamos hablando de un plan que no es improvisado. Es una hoja de ruta robusta, construida con alto rigor técnico, participación ciudadana y validación institucional. Retirarlo en esta etapa significa postergar soluciones concretas a un problema crítico de salud pública en Puerto Aysén", afirmó. Según explicó la autoridad regional, el plan establecía, junto a las cifras mencionadas, un periodo de Gestión de Episodios Críticos entre los meses de mayo y agosto, aplicando restricciones graduales al uso de artefactos a leña para resguardar la salud de la población frente a episodios de alerta y emergencia ambiental.

Ambas autoridades enfatizaron en las graves consecuencias colaterales que esta paralización genera en la economía y la calidad de vida local. Al respecto, la diputada Macías advirtió que la contaminación en Aysén es un problema sanitario mayor y profundizó en los efectos de la suspensión. "En la región de Aysén, la contaminación es un problema de salud pública. ¿Qué significa frenarlo? Retrasar al menos en 1 año su implementación. Golpear directamente el empleo local, instaladores, mantenedores, entidades que trabajan en mejoramiento térmico y lo más grave, esto no fue un plan improvisado, tuvo rigor técnico, participación ciudadana, trabajó con servicios públicos y validación municipal. Por eso el llamado es claro, es una mala decisión de este gobierno", cuestionó la legisladora.

Por su parte, el consejero Infante coincidió plenamente en el diagnóstico económico, alertando sobre la inestabilidad que esto produce en el sector privado de la región. "Esta decisión afecta directamente el empleo regional, particularmente en rubros como la instalación y mantención de calefactores, y en las entidades que ejecutan proyectos de mejoramiento térmico de viviendas. Hay una cadena productiva que queda en pausa", explicó.

A modo de cierre, Infante emplazó directamente al Ejecutivo a enmendar el rumbo de esta política pública de manera urgente. "El Gobierno debe reingresar este plan a Contraloría lo antes posible. Cada mes de retraso significa más contaminación, más enfermedades respiratorias y menos oportunidades de desarrollo local. No podemos permitir que Aysén siga esperando soluciones que ya estaban listas para implementarse", finalizó.