La Región de Aysén posee un patrimonio natural extraordinario. Sus bosques milenarios, ríos, lagos y ecosistemas constituyen una riqueza ambiental que debemos preservar. Sin embargo, este privilegio también implica una responsabilidad colectiva: comprender que una conducta negligente puede ocasionar daños irreparables, comprometiendo la biodiversidad, la seguridad de las personas y el futuro de nuestras comunidades.

Desde el 1 de octubre de 2026, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) mantiene restringido el uso del fuego para quemas agrícolas y forestales en toda la región, medida que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027. Esta disposición busca impedir que prácticas destinadas a eliminar residuos vegetales desencadenen incendios de consecuencias devastadoras.

La historia regional demuestra que este peligro es real. Durante febrero de 2019, un incendio forestal en la comuna de Cochrane consumió más de 15.000 hectáreas de vegetación, principalmente nativa, evidenciando cómo las condiciones climáticas, los fuertes vientos y la acción humana pueden transformar una emergencia en una catástrofe ambiental.

Más recientemente, las estadísticas oficiales registraron 22 incendios forestales durante la temporada 2023-2024 y 28 durante 2024-2025, aumentando la superficie afectada de 135 a 432 hectáreas. Detrás de estas cifras existen ecosistemas dañados, fauna desplazada y recursos naturales cuya recuperación puede requerir décadas.

Una quema aparentemente inofensiva, una fogata mal extinguida o la manipulación irresponsable del fuego pueden desencadenar consecuencias que superan cualquier capacidad individual de control. Por ello, respetar las restricciones no constituye una simple formalidad administrativa, sino una obligación con la vida y la seguridad colectiva.

Esta responsabilidad también adquiere especial relevancia con la temporada de pesca recreativa, actividad profundamente vinculada con nuestra identidad regional y que representa una importante oportunidad turística y económica.

La Ley N.º 20.256 establece obligaciones destinadas a proteger los recursos hidrobiológicos. Contar con licencia cuando corresponda, respetar vedas, límites de captura, modalidades autorizadas y sectores protegidos resulta indispensable. Particular importancia reviste la pesca con devolución obligatoria y la protección de áreas de desove, fundamentales para conservar las poblaciones de peces.

La extracción fuera de temporada, el incumplimiento de las restricciones y la comercialización ilegal de capturas recreativas no pueden normalizarse como simples costumbres. Estas conductas comprometen el equilibrio de nuestros ecosistemas acuáticos y pueden constituir infracciones sancionadas por la legislación vigente.

Los delitos medioambientales no representan únicamente una afectación contra la flora, animales o cursos de agua; sus consecuencias alcanzan a las personas, las actividades productivas y el patrimonio natural que heredarán las futuras generaciones.

La protección ambiental exige educación, responsabilidad ciudadana y una investigación profesional de aquellas conductas que vulneran nuestro ordenamiento jurídico.

En Aysén, cuidar la naturaleza no es solamente una expresión de amor por nuestra tierra: es un compromiso concreto con la vida, la justicia y el futuro de quienes vendrán.