Una inversión acumulada de US$4.786 millones hacia 2035 necesitaría la región de Aysén para cerrar sus principales brechas de infraestructura y responder a las necesidades de conectividad, transporte, servicios básicos y desarrollo social durante la próxima década, según el estudio "Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS) 2026-2035", presentado en Coyhaique por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

El informe entrega un diagnóstico específico para Aysén y plantea las inversiones consideradas necesarias para acompañar el desarrollo regional.

El presidente de la CChC Coyhaique, Agustín Acuña, destacó que uno de los objetivos es poner estos antecedentes a disposición de autoridades, sector privado y distintos actores regionales para contribuir a la discusión sobre las prioridades de inversión.

"Si bien es una planificación a diez años, cada cuatro se va renovando. Es importante que todos los actores tengan acceso a esta información, que nace desde el interés de la misma región por crecer. Así que lo relevante es que esta información se tome como un puntapié y un camino de inicio al desarrollo regional", señaló Acuña.

La mirada fue compartida por el alcalde de Cisnes y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades (Aremu), Francisco Roncagliolo, quien sostuvo que el estudio puede contribuir a orientar la discusión sobre el futuro de Aysén.

"Para nosotros es un insumo valioso para poder seguir en la discusión regional de hacia dónde va nuestro desarrollo y, obviamente, pensando siempre en el beneficio de las personas y que la inversión en la región crezca", afirmó.

Principales necesidades de inversión

De acuerdo con el informe, la mayor necesidad de inversión se concentra en movilidad interurbana, con US$2.380 millones. De ese monto, US$2.046 millones corresponden a la red vial, incluyendo iniciativas vinculadas a la Ruta 7 entre Puerto Montt y Villa O'Higgins y a pasos fronterizos.

También se proyectan US$216 millones para la modernización del Aeropuerto de Balmaceda, considerando una demanda superior al millón de pasajeros anuales, además de US$108 millones para fortalecer infraestructura portuaria en Chacabuco, Aysén, Cisnes y Yungay.

Otro de los desafíos centrales aparece en la conectividad digital, donde el estudio estima inversiones por US$1.577 millones. La proyección considera un aumento de 114% en el tráfico móvil y de 107% en la red fija, con especial atención en comunas rurales e insulares.

Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, advirtió que esta brecha adquiere especial relevancia para una región con extensas zonas rurales y cuyo desarrollo productivo también depende de mejorar sus comunicaciones.

"Conectividad digital tiene un monto muy relevante que, de hecho, no es tan correlativo a lo que pasa a nivel nacional. Estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares que se van a requerir invertir en los próximos 10 años para que Aysén pueda aprovechar todo el desarrollo que se va a generar en la economía digital y especialmente asociado al desarrollo de su turismo", explicó.

León agregó que "si no logramos que las comunidades más bien rurales tengan la infraestructura necesaria para eso, no van a poder en ningún caso aprovechar estos beneficios".

El diagnóstico también identifica necesidades por US$102 millones en energía, destinadas a enfrentar un incremento proyectado de 25% en la demanda hacia 2035 mediante proyectos de generación y distribución.

En infraestructura social y urbana, el documento considera inversiones en recursos hídricos, salud y cuidados, infraestructura escolar, vialidad urbana y recintos penitenciarios. Entre las iniciativas mencionadas figuran la Circunvalación Oriente-Poniente de Coyhaique y un nuevo establecimiento carcelario para la capital regional, ante una sobrepoblación aproximada de 137% en el actual recinto.

Tras presentar las cifras, la CChC Coyhaique planteó que materializar las inversiones requerirá fortalecer las capacidades de gestión del Estado, agilizar permisos y profundizar la colaboración público-privada. El gremio también apuntó a instrumentos como el Plan Ruta Austral y el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE), proponiendo que la infraestructura sea abordada como una política pública de largo plazo para la región.