El reciente anuncio del nuevo gobierno de aplicar un recorte presupuestario del 3% a nivel nacional —replicado en igual proporción en las regiones— vuelve a tensionar una discusión que en Aysén no es nueva: la distancia entre las decisiones centrales y las realidades territoriales. Más allá de la cifra, que en apariencia podría parecer moderada, lo cierto es que su impacto no es homogéneo. Y en regiones como la nuestra, donde la inversión pública constituye un pilar estructural del desarrollo, el efecto es, inevitablemente, más profundo y más delicado.

Aysén no solo enfrenta condiciones geográficas extremas, aislamiento y brechas históricas en conectividad, sino también una matriz productiva aún en consolidación, altamente dependiente del impulso estatal. En ese contexto, un ajuste lineal —que no distingue entre territorios con capacidades económicas robustas y aquellos que aún luchan por cerrar brechas básicas— termina por profundizar desigualdades en lugar de corregirlas. La pregunta es inevitable: ¿puede una política fiscal ser justa si trata como iguales a realidades profundamente distintas?

Desde el nivel central se suele argumentar que la responsabilidad fiscal es una condición necesaria para la estabilidad económica del país. Y lo es. Pero esa responsabilidad no puede ejercerse a costa de los territorios más rezagados. La eficiencia del gasto público no se mide solo en cifras macroeconómicas, sino también en su capacidad de generar desarrollo equilibrado, cohesión social y oportunidades reales en cada rincón del país.

En Aysén, cada punto porcentual de inversión pública tiene un efecto multiplicador mayor que en otras regiones. No se trata únicamente de obras o programas, sino de empleo, dinamización económica y, en muchos casos, de garantizar condiciones mínimas de calidad de vida. Reducir esos recursos sin considerar estas variables es, en la práctica, debilitar las posibilidades de crecimiento de la región y perpetuar su rezago.

Este escenario abre un debate que el país ha postergado por demasiado tiempo: la necesidad de avanzar hacia políticas diferenciadas, con enfoque territorial. No basta con descentralizar la ejecución del gasto si las decisiones estratégicas siguen respondiendo a lógicas centralistas. Se requiere una mirada más fina, que entienda que el desarrollo no es uniforme y que, por lo mismo, las herramientas para impulsarlo tampoco pueden serlo.

En ese sentido, Aysén no puede ser tratada bajo los mismos criterios que regiones con mayor densidad poblacional, infraestructura consolidada o diversificación productiva avanzada. Aquí, el Estado no es solo un actor más: es un agente habilitador, muchas veces el único capaz de activar procesos de desarrollo. Por ello, cualquier ajuste presupuestario debiera considerar mecanismos de compensación o excepciones que resguarden la continuidad de inversiones estratégicas en territorios como el nuestro.

El desafío, entonces, no es solo económico, sino político. Se trata de decidir qué tipo de país queremos construir: uno que profundiza sus asimetrías bajo el argumento de la eficiencia, o uno que reconoce sus diferencias y actúa en consecuencia. La equidad territorial no es un concepto abstracto; es una condición indispensable para la cohesión nacional.

Hoy, más que nunca, Aysén necesita que las decisiones que se toman en el nivel central incorporen una comprensión real de su territorio, de sus limitaciones y también de su enorme potencial. No se trata de pedir privilegios, sino de exigir criterios de justicia. Si el ajuste fiscal es inevitable, entonces debe aplicarse con inteligencia y sensibilidad territorial, resguardando a aquellas regiones donde cada peso invertido no solo impulsa crecimiento, sino que sostiene desarrollo, dignidad y futuro.