La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer el Consolidado de Información Circularizada N° 27 (CIC N° 27), documento que fiscalizó la correcta administración y registro contable del patrimonio inmobiliario estatal mediante un cruce de datos correspondiente al segundo semestre de 2025. En este análisis nacional —que abarcó a 109 servicios públicos centralizados—, la Región de Aysén se posicionó a la cabeza en cantidad de propiedades contabilizadas sin contar con una destinación vigente, registrando 488 inmuebles por un valor acumulado de $16.618.718.065.

Al contextualizar la magnitud del hallazgo a nivel del país, el reporte del organismo fiscalizador señala textualmente que "la Contraloría General de la República detectó inconsistencias en el registro y control de 9.653 inmuebles fiscales". En este sentido, la publicación oficial expone que "el CIC N° 27 de la CGR identificó, por una parte, 3.238 inmuebles registrados en la contabilidad de distintos organismos públicos sin contar con una destinación vigente otorgada por el Ministerio de Bienes Nacionales, situación que involucra propiedades valorizadas en más de $451 mil millones". Dentro de ese universo de bienes no destinados, Aysén es la región que concentra el número más alto de inmuebles en dicha condición irregular a nivel nacional.

Respecto a las exigencias normativas que rigen la tenencia de este patrimonio, los informes del ente contralor precisan que "las entidades públicas deben registrar en su contabilidad los inmuebles fiscales recibidos en destinación. No hacerlo constituye un incumplimiento normativo que afecta la valoración de los activos del Estado y el adecuado control de los bienes fiscales". Del mismo modo, el documento subraya que "utilizar y registrar contablemente un inmueble sin una destinación vigente constituye una irregularidad que afecta la información financiera del sector público". A nivel país, el reporte también contabilizó 6.415 inmuebles que sí cuentan con destinación vigente, pero que no habían sido incorporados en los registros contables de los respectivos servicios.

Ante esta situación, el organismo fiscalizador instruyó medidas correctivas de carácter obligatorio para regularizar las deficiencias detectadas. En particular, la CGR resolvió que "se oficiará a los servicios involucrados para que regularicen las situaciones observadas en un plazo de 90 días, en el registro contable de los inmuebles", disponiendo además la notificación al Ministerio de Bienes Nacionales para formalizar las destinaciones pendientes. Por último, el órgano contralor advirtió que "se efectuará el seguimiento de las medidas dispuestas y, de no verificarse el cumplimiento de lo instruido, se fiscalizará y/o se ordenarán los procedimientos disciplinarios que correspondan".