El alza de los combustibles tiene distintas repercusiones en el país, pero una de las más evidentes es el encarecimiento de los alimentos y productos de primera necesidad. El costo de la vida ha subido y cada vez son más las familias que advierten que sus ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes. En Aysén, esta situación tiene características particulares que merecen atención.

En nuestra región, los combustibles tienen un precio considerablemente mayor que en la zona central. Esa diferencia amplifica el impacto de cada incremento y se traslada a toda la cadena productiva: transporte, distribución, comercio y, finalmente, al consumidor. Vivir en una zona extrema tiene costos que no siempre se consideran cuando las decisiones se toman desde Santiago. Por eso, el efecto de estas alzas no puede analizarse sin considerar las distancias y las condiciones de abastecimiento de nuestra región.

Hay también un elemento político que llama la atención. La delegada presidencial regional, Luz María Vicuña, y el gobernador regional, Marcelo Santana Vargas, han manifestado públicamente su respaldo a las demandas de la comunidad, particularmente a la necesidad de establecer mecanismos que permitan equilibrar el precio de los combustibles y reducir la brecha con otras zonas del país.

Ambas autoridades pertenecen al sector político del actual Gobierno. Por eso resulta difícil entender que las preocupaciones y propuestas que plantean desde la región no encuentren una respuesta concreta del nivel central. Si existe coincidencia respecto de la magnitud del problema, ese respaldo debería traducirse en acciones.

Las gestiones ante los ministerios adquieren especial importancia. Para los próximos días se anunció una reunión del gobernador Santana con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Será una oportunidad para exponer las particularidades de Aysén y plantear alternativas frente a una diferencia de precios que afecta a toda la economía regional.

La comunidad no está pidiendo un trato privilegiado. Está planteando que el costo de vivir en una región extrema sea considerado al momento de definir las medidas económicas. Si las autoridades regionales reconocen la legitimidad de esta demanda, corresponde que el Gobierno central la escuche y evalúe soluciones. El respaldo político tiene poco valor si no consigue traducirse en decisiones que alivien el presupuesto de las familias de Aysén.