La incertidumbre se ha instalado entre las familias de la región, especialmente entre quienes tienen hijos e hijas a punto de ingresar a la educación superior. La razón es la propuesta del Gobierno de modificar las condiciones de acceso a las becas Aysén y Patagonia, beneficios que durante años han permitido a estudiantes de la zona continuar sus estudios fuera de la región.

Estas becas fueron uno de los resultados del Movimiento Social de Aysén de 2012. Desde su creación han contribuido a que miles de jóvenes puedan estudiar en distintas ciudades del país, aliviando el esfuerzo económico de sus familias. Para muchos hogares, este aporte puede marcar la diferencia entre acceder a la educación superior o tener que renunciar a ese proyecto.

Sin embargo, la propuesta presupuestaria para 2027 contempla cambios que podrían restringir significativamente el acceso: elevar la nota mínima para postular, aumentar el porcentaje de asignaturas aprobadas y limitar el beneficio a estudiantes pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Según las estimaciones conocidas, estas modificaciones podrían traducirse en la pérdida de más de 800 becas para estudiantes de Aysén durante el próximo año.

Nadie desconoce la importancia de evaluar los programas públicos y utilizar responsablemente los recursos. Pero cualquier modificación debe considerar las condiciones particulares de una región como la nuestra. Estudiar fuera de Aysén implica gastos de traslado, alojamiento y alimentación que se suman a los costos universitarios. También supone estar lejos de las redes familiares y enfrentar dificultades económicas que pueden incidir en la continuidad de los estudios. Aplicar criterios más exigentes sin atender ese contexto puede dejar fuera a jóvenes que necesitan este respaldo.

Por eso, es importante que los parlamentarios de la región actúen con una voz común para solicitar que se revise la propuesta. También corresponde que las autoridades regionales informen qué gestiones realizan ante el Ministerio de Educación y Junaeb. Las movilizaciones de estudiantes ayseninos en distintas universidades del país muestran que la preocupación ya se ha convertido en una demanda colectiva.

Las becas Aysén y Patagonia nacieron de una demanda regional y han acompañado el proyecto educativo de miles de jóvenes. No pueden modificarse sin diálogo ni una evaluación seria de sus efectos. Las familias necesitan certezas y los estudiantes merecen saber si podrán contar con el apoyo sobre el que han organizado su futuro. Antes de cambiar las reglas, el Gobierno debe escuchar a la región y explicar cómo evitará que estas medidas cierren oportunidades.