Redacción, Diario El Divisadero 
Una preocupante radiografía sobre la administración del patrimonio fiscal quedó en evidencia tras los antecedentes publicados por la Contraloría General de la República. Según el análisis, Aysén registra 488 inmuebles fiscales contabilizados sin destinación vigente, cifra que posiciona a la región en el primer lugar nacional en esta categoría. Los terrenos y propiedades alcanzan un avalúo superior a los $16.618 millones.
A este escenario se suman otros 377 inmuebles que cuentan con destinación vigente, pero que no han sido incorporados contablemente por los servicios públicos beneficiarios. Dos situaciones distintas que ponen en cuestión los mecanismos de control, actualización de registros y seguimiento de los bienes pertenecientes al Estado.
Consultada por estos resultados, la seremi de Bienes Nacionales de Aysén, Geoconda Navarrete, señaló que hasta el jueves el Ministerio todavía no había recibido el informe completo de Contraloría, por lo que no contaba con el detalle de los inmuebles observados.
"Nosotros como ministerio aún no hemos recibido este informe completo para poder entrar a ver el detalle, ya de cuál es el periodo y las indicaciones o las medidas correctivas que nos pide Contraloría", explicó.
La autoridad sostuvo que la cifra publicada podría incluir propiedades cuyos procesos de regularización ya avanzaron, considerando los tiempos que requieren las destinaciones y concesiones fiscales.
"Puede que inmuebles que en ese informe aparecen hoy día ya estén regularizados, porque por el largo proceso de una destinación, que ya sea a corto o largo plazo, requiere muchos pasos, no se saca en tres meses ni en cuatro meses", indicó.
Como antecedente, mencionó que durante este año se regularizaron 15 inmuebles y que otras 18 concesiones se encuentran preparadas para continuar su tramitación ante el Consejo Regional.
Dos fiscalizadores para supervisar el patrimonio fiscal
Uno de los aspectos más críticos reconocidos por la autoridad apunta a la capacidad operativa de la institución para controlar los terrenos fiscales. Navarrete explicó que la región presenta importantes dificultades geográficas y de acceso, mientras que el equipo disponible resulta reducido frente a la extensión del territorio que deben administrar.
"Si pudiéramos decir una debilidad, yo diría que nosotros somos un grupo reducido, bastante pequeño en relación con la gran administración de territorio fiscal que tiene. Es prácticamente el 50% de la región que tenemos que ver nosotros", señaló.
La seremi precisó que actualmente dispone de solo dos funcionarios encargados de las labores de fiscalización, quienes además deben cumplir otras funciones técnicas.
"Yo tengo dos fiscalizadores para toda la región. Y forma parte, quizás, de la gestión el poder solicitar más fiscalizadores. Estamos viendo la forma; ayer tuvimos reunión de equipo para ver cómo optimizamos", agregó.
Navarrete también describió las dificultades que implica supervisar propiedades ubicadas en sectores aislados, donde los desplazamientos pueden requerir medios especiales de transporte.
"Hay veces que hay que ir a fiscalizar a caballo, hay que ir en bote, entonces son platas adicionales que tenemos que pedir al nivel central, pero nosotros no tenemos para eso", explicó.
Frente a estas limitaciones, señaló que han establecido coordinaciones con municipios y otros servicios públicos para aprovechar los desplazamientos y realizar fiscalizaciones conjuntas cuando las condiciones lo permiten.
Más de 300 expedientes pendientes y terrenos sin utilizar
Otro antecedente entregado por la seremi corresponde a la existencia de más de 300 expedientes de rezago, asociados a personas que iniciaron trámites ante Bienes Nacionales y cuyos procedimientos quedaron paralizados por distintas razones.
A esto se suma una situación que la propia autoridad calificó como preocupante: la existencia de terrenos fiscales entregados a organizaciones e instituciones que, después de uno o dos años, todavía no han iniciado las actividades o proyectos que justificaron su asignación.
"Tenemos acá entregas de inmuebles fiscales que se han hecho en Coyhaique o en otras localidades de la región que llevan un año o dos años y todavía no hacen operar nada ahí. Entonces eso quiere decir que la urgencia que la pidieron no era tal", sostuvo.
En ese sentido, Navarrete advirtió que Bienes Nacionales cuenta con facultades para dejar sin efecto determinadas asignaciones cuando los beneficiarios no cumplen los compromisos establecidos.
"Hoy día nosotros por norma podemos dejar sin efecto esas asignaciones y destinarse a otras agrupaciones u organizaciones que realmente lo necesiten", afirmó.
La autoridad también explicó que parte de las diferencias administrativas se relaciona con concesiones vencidas, renovaciones pendientes y dificultades que enfrentan algunas organizaciones para completar sus trámites, especialmente por la digitalización de los procedimientos.
Compromiso de regularización y transparencia
Respecto de las observaciones de Contraloría, la seremi aseguró que la institución mantiene un trabajo permanente de actualización de las destinaciones y concesiones, y manifestó su disposición a transparentar los resultados una vez que se conozca el detalle de los inmuebles observados.
"Por supuesto que sí, yo creo que lo mejor es eso", respondió al ser consultada sobre la posibilidad de informar públicamente el estado de los bienes fiscales y los avances de regularización.
Navarrete defendió además la existencia de un catastro de propiedad fiscal y destacó que los inmuebles no necesariamente corresponden a construcciones, sino que en muchos casos son terrenos donde funcionan sedes comunitarias, clubes deportivos y organizaciones sociales.
"Absolutamente, primero porque el catastro real existe. Toda la propiedad fiscal prácticamente está catastrada a nivel país. El Ministerio de Bienes Nacionales tiene un sistema catastral muy acucioso", aseguró.
Finalmente, la autoridad destacó la importancia de una administración eficiente de estos terrenos, considerando su potencial para responder a necesidades habitacionales, infraestructura pública y proyectos productivos de las distintas comunas.
Mientras se espera conocer el detalle de las observaciones del organismo contralor, los antecedentes dejan planteados importantes desafíos para la región: determinar la situación efectiva de los 488 inmuebles sin destinación vigente, aclarar las diferencias contables de otros 377 bienes y fortalecer la capacidad de fiscalización para garantizar que el patrimonio fiscal cumpla una función concreta en beneficio de las comunidades de Aysén.
