La posibilidad de contar con buses eléctricos en Coyhaique ha despertado expectativas en la comunidad. La idea se viene planteando desde hace un par de años, pero hasta ahora no se ha traducido en un proyecto concreto conocido por el Gobierno Regional. Por eso, las recientes declaraciones del seremi de Transportes y Telecomunicaciones, quien aseguró que se estaba avanzando en esta materia, abrieron una controversia que merece aclaraciones.

Desde el Gobierno Regional de Aysén se puso en duda esa afirmación. Según se informó, no existe actualmente ningún proyecto ingresado para su evaluación que apunte a implementar un sistema de transporte público con buses eléctricos. La diferencia entre ambas versiones llevó al encargado de la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplade) y a consejeros regionales a pedir responsabilidad y seriedad en la entrega de información sobre un tema que interesa directamente a la ciudadanía.

La discrepancia no es menor. Cuando una autoridad anuncia avances en una iniciativa que podría mejorar la movilidad urbana y contribuir a una ciudad más sustentable, es razonable que las personas comiencen a hacerse expectativas. Pero esas expectativas deben tener sustento. No es lo mismo expresar una intención, sostener que se está trabajando en una propuesta o confirmar que existe un proyecto formal en desarrollo. Son etapas distintas y la comunidad tiene derecho a conocer en cuál de ellas se encuentra realmente esta iniciativa.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿por qué el seremi y el Gobierno Regional manejan versiones tan diferentes? ¿Existe un trabajo preliminar que aún no se ha presentado formalmente o se comunicaron avances que no tienen respaldo suficiente? Antes de atribuir responsabilidades, corresponde aclarar los hechos y explicar qué gestiones se han realizado, qué falta por resolver y cuáles son las posibilidades reales de concretar esta iniciativa.

Coyhaique necesita avanzar hacia alternativas de transporte más eficientes y menos contaminantes, pero ese objetivo requiere planificación, coordinación entre instituciones y financiamiento. La transparencia sobre el estado de una iniciativa es el punto de partida, no un obstáculo. La comunidad no necesita anuncios que alimenten ilusiones, sino información que permita distinguir entre lo que se quiere hacer y lo que efectivamente se está haciendo. Informar con precisión también ayuda a ordenar el debate y a exigir avances sobre bases reales. La responsabilidad de las autoridades también se mide en la precisión de sus declaraciones. En un asunto tan relevante para Coyhaique, aclarar esta contradicción no es un detalle administrativo: es una obligación con la ciudadanía.