Los recientes informes sobre las condiciones de los recintos penitenciarios de Coyhaique y Puerto Aysén vuelven a poner sobre la mesa una realidad incómoda, pero imposible de ignorar. La vulneración de derechos básicos al interior de las cárceles no es un problema secundario ni una preocupación exclusiva de quienes cumplen condena. Es una señal de alerta sobre cómo estamos enfrentando uno de los desafíos sociales más complejos del país.

Que existan personas privadas de libertad sin acceso adecuado a servicios higiénicos o en condiciones que afectan su dignidad resulta inaceptable en cualquier sociedad que aspire a respetar los derechos humanos. Pero el problema no termina ahí. Las deficientes condiciones también impactan directamente a funcionarios y funcionarias de Gendarmería, quienes deben desarrollar su labor en espacios muchas veces insuficientes para las exigencias que enfrentan.

Lo preocupante es que estas situaciones suelen permanecer fuera del debate público. Hablar de cárceles rara vez genera atención política y, por lo mismo, muchas veces las respuestas terminan siendo parciales o simplemente tardías. Sin embargo, invisibilizar el problema no lo resuelve. Al contrario, lo profundiza.

En Aysén se han realizado algunas mejoras durante los últimos años, pero los antecedentes conocidos demuestran que siguen siendo insuficientes. Y esta realidad afecta también a las mujeres privadas de libertad, quienes enfrentan precarias condiciones de habitabilidad y escasas oportunidades de reinserción. Se trata de una problemática que suele pasar desapercibida, pese a que evidencia las brechas que persisten dentro del sistema penitenciario.

A ello se suma un desafío cada vez más evidente: la salud mental de las personas recluidas. Problemas asociados a depresión, consumo problemático de sustancias y otras afecciones requieren atención especializada y permanente. Sin apoyo adecuado, cualquier intento de reinserción pierde efectividad y las posibilidades de reconstruir proyectos de vida se reducen considerablemente.

El problema de fondo es que seguimos observando las cárceles únicamente desde la lógica del castigo. Una sociedad que aspira a ser más segura debe entender que la reinserción también es parte de la seguridad pública. No basta con privar de libertad; es necesario generar condiciones que permitan a las personas enfrentar de mejor manera su regreso a la comunidad.

Por eso, lo planteado por los organismos que han detectado estas deficiencias no puede quedar archivado como un dato más. Es momento de que las autoridades asuman un rol más activo para mejorar las condiciones de habitabilidad, fortalecer la atención en salud mental y desarrollar verdaderos programas de reinserción. Porque detrás de los muros de una cárcel siguen existiendo personas cuyos derechos deben ser respetados, y porque ignorar esta realidad solo contribuye a perpetuar un problema que finalmente termina afectando a toda la sociedad.