La idea del gobierno de José Antonio Kast de revisar la continuidad del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) sigue generando reacciones en el ámbito político. 

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, indicó que a más tardar "la próxima semana" deberían darse a conocer los cambios que impactarían en el bolsillo de miles de familias en todo el país.

Una eventual eliminación del sistema implicaría alzas de hasta 300 pesos por litro de combustible, llevando el precio de las bencinas por sobre los $1.500 en Coyhaique y Puerto Aysén, pero sobre los $1.600 en Chile Chico, Cochrane, La Junta Puerto Cisnes, entre otras localidades más aisladas.

Sobre este punto, el senador Miguel Calisto se manifestó preocupado por el impacto que estas alzas podrían tener en Aysén y solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda que se considere la realidad de las zonas extremas al momento de tomar medidas.

"El Consejo Fiscal Autónomo indicó que el Gobierno incumplió la meta del balance estructural con un déficit del -3,6% del PIB. Es una realidad, una crisis heredada que requiere responsabilidad. Desde este Senado estamos disponibles para buscar una salida, pero esa responsabilidad no puede recaer en el bolsillo de los habitantes de la Patagonia", aseguró el parlamentario.

Calisto fue enfático en cuestionar la lógica del impuesto a los combustibles en zonas que aún carecen de conectividad básica, argumentando que este gravamen nació históricamente para financiar la pavimentación de caminos. "Desde Cerro Castillo hasta Villa O'Higgins hay 400 kilómetros sin pavimento. ¿Cómo el Estado de Chile le puede exigir a esos chilenos, que no tienen caminos asfaltados, que paguen impuesto a los combustibles? Es fundamental que Hacienda busque un mecanismo diferenciado que los beneficie para paliar el alza de precios que en zonas extremas y complejas golpea con mucha más fuerza", afirmó el senador.

En su intervención, el parlamentario insistió en que, si bien la responsabilidad fiscal es un deber compartido tras los errores financieros de la administración anterior que el actual Gobierno ha debido asumir, esto no justifica una aplicación uniforme de las medidas. "Creo que debe haber una mirada diferenciadora en la aplicación de estas políticas, sobre todo en las zonas más australes donde, como en el caso de Aysén, tenemos tramos extensos donde no hay ni un solo kilómetro de pavimento", subrayó.

Trabajadores de Transmares

Finalmente, el senador Calisto extendió su preocupación al ámbito laboral de la región, solicitando oficiar al Ministerio del Trabajo ante el inminente cierre de funciones de la empresa Transmares. Según el legislador, esta decisión pone en riesgo el sustento de 120 familias en Puerto Chacabuco y el litoral sur. 

"Uno podrá decir que 120 personas en Santiago es algo menor, pero en Puerto Chacabuco esto pone en jaque la viabilidad de la Empresa Portuaria Estatal (Emporcha) y la sostenibilidad de nuestro principal puerto. Necesitamos que el Ejecutivo precise qué medidas tomará para proteger estos empleos y la operatividad de nuestra región", concluyó.