Con el inicio del año escolar 2026, ha entrado en vigencia la Ley 21.801, normativa que prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos a toda la comunidad educativa mientras se desarrolle la jornada escolar. Esta medida, que aplica a los niveles de educación parvularia, básica y media, restringe cualquier equipo que permita telecomunicación o acceso a internet, exceptuando únicamente a aquellos dispositivos institucionales destinados de forma exclusiva al uso pedagógico. Para su correcta implementación, los establecimientos educacionales de la región tendrán plazo hasta el 30 de junio de este año para actualizar sus respectivos reglamentos internos.

Desde el Colegio de Profesores en la región de Aysén, su presidente Luis Ríos, manifestó una postura favorable respecto a la regulación en el caso del alumnado, advirtiendo los efectos negativos que estos aparatos han provocado al interior de las comunidades educativas. Al respecto, el dirigente señaló que "históricamente el colegio de profesores ha sostenido que las tecnologías no representan un problema en sí mismas, sino que depende del uso que se les otorga en los establecimientos educacionales. Debido al uso indiscriminado en los establecimientos educacionales, estamos a favor de la regulación de los dispositivos móviles debido a que su uso indiscriminado ha aumentado el ciber-acoso y ha disminuido la interacción social de los estudiantes fundamentalmente en los recreos. Además, la hiperconectividad está generando cuadros de ansiedad y falta de atención que dificultan nuestra labor docente en el proceso educativo".

A pesar de este respaldo general a la protección de los estudiantes, Ríos fue categórico en criticar que la prohibición también recaiga sobre los docentes, asegurando que esto merma su rol dentro de la sala de clases. Sobre este punto, el representante gremial argumentó que "respecto al tema de incluir a los profesores en la prohibición de los dispositivos móviles en los establecimientos, consideramos que esta es una visión errónea de interpretación de la ley debido a que el docente es un adulto responsable que utiliza el dispositivo para la gestión escolar, ya sea para la toma de asistencia regular, para la firma digital en el libro y para casos de emergencia. También, los docentes utilizan esta herramienta como apoyo pedagógico. Otra crítica es que al considerar al profesor en el mismo nivel que los estudiantes en esta regulación están infantilizando al profesor y debilitando su autoridad".

Por otro lado, desde el magisterio regional enfatizan que la nueva legislación no es suficiente por sí sola para solucionar la problemática de fondo, requiriendo inversión real en infraestructura y un apoyo constante desde los hogares. "Como colegio de profesores consideramos que una sola ley no resuelve el problema de fondo. Porque aquí también el estado debe garantizar laboratorios de computación funcionales y modernos como alternativa para el apoyo del proceso educativo y de esta manera no seguir aumentando la brecha de aprendizajes de los establecimientos educacionales. Además, la escuela no puede ser la única responsable. Si las familias, como adultos responsables, no regulan el uso de los dispositivos móviles en el hogar, la ley en los establecimientos será letra muerta o será un foco de conflicto", expresó Ríos.

Finalmente, el líder del profesorado hizo hincapié en que la bajada de esta ley a cada colegio debe hacerse de forma comunitaria. "Hacemos un llamado para que la actualización de los reglamentos internos, conocidos como RICE, los reglamentos internos y convivencia escolar, sea un proceso participativo de los adultos responsables que participan activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y no sea una imposición de las autoridades respectivas", concluyó.