La incertidumbre crece en Cochrane luego de que se informara verbalmente al municipio sobre un eventual cierre del Centro de Detención Preventiva de la comuna. A más de diez días de esa comunicación, autoridades locales, familias de internos y vecinos aseguran que aún no existe un pronunciamiento oficial que confirme o descarte la medida, ni antecedentes técnicos que expliquen los fundamentos de una decisión que podría impactar directamente a las provincias Capitán Prat y General Carrera.

La situación ha generado preocupación en la comunidad, especialmente por las consecuencias que podría tener para las familias de las personas privadas de libertad, los funcionarios de Gendarmería y el territorio en general. Desde el municipio han cuestionado que una decisión de esta magnitud se mantenga sin información formal ni diálogo con los actores afectados.

El alcalde de la comuna, Patricio Ulloa Georgia, ha reiterado públicamente su desacuerdo con la medida y ha cuestionado que el cierre de un servicio público sea planteado como la principal alternativa frente a los problemas estructurales del recinto, "La única razón que se nos informó es que el edificio presenta problemas estructurales. Sin embargo, creemos que existen alternativas y que cerrar un servicio público no puede ser la primera opción. Hemos planteado una reposición, un mejoramiento o incluso una reubicación fuera del radio urbano", señaló la autoridad comunal.

El jefe comunal recordó además que los municipios de Cochrane, Tortel y Chile Chico han enviado oficios solicitando antecedentes y respuestas formales, documentos que hasta la fecha no han sido contestados, "queremos decirle al Gobierno que la comunidad de Cochrane, su alcalde y el Concejo Municipal no comparten esta decisión apresurada. Exigimos una respuesta a los documentos enviados. Hasta ahora la única información que existe es una comunicación verbal realizada por la directora regional de Gendarmería", agregó.

Carola Oliva es esposa de uno de los internos del recinto, quien aseguró que las familias llevan días enfrentando rumores y especulaciones sin contar con información oficial, "Hasta el momento todo se ha basado en rumores y supuestos. No existe un documento oficial que nos diga qué va a pasar realmente. Hay niños pequeños, adultos mayores y muchas familias que están sufriendo con esta situación", manifestó.

Oliva explicó que un eventual traslado significaría un fuerte impacto económico y familiar, especialmente para quienes ya han construido una vida en la comuna, "Soy madre de seis niños que estudian en Cochrane. Para nosotros sería un gasto enorme tener que trasladarnos nuevamente. Mis hijos ya están adaptados a esta comunidad y volver a empezar sería muy difícil", sostuvo.

En la misma línea, Paola Arias advirtió que la medida afectaría directamente a los hijos de los internos y al vínculo familiar, considerando las distancias, los costos de traslado y el estado de los caminos en la zona. "hay niños detrás de esta situación y no se les puede explicar de un día para otro que ya no podrán ver a sus padres con la misma frecuencia. También están las dificultades de los viajes, las distancias y el estado de los caminos que son malos. La esperanza que tenemos todos es que no se cierre la cárcel", indicó.

Por su parte, Sara Soto, vecina y vocera de las familias afectadas, cuestionó que una situación de esta relevancia haya sido comunicada únicamente de manera verbal."No puedo entender que una situación tan delicada sea comunicada solamente de palabra. Las familias merecen respeto y claridad. Si existe una decisión de esta magnitud, debe ser explicada formalmente por las autoridades competentes", señaló.

La vocera llamó además a transparentar el proceso, "Necesitamos un oficio claro que explique qué es lo que pretenden hacer. Si existen razones para tomar una decisión, estas deben ser transparentadas y conversadas con la comunidad", concluyó.

Las familias anunciaron que continuarán realizando gestiones y movilizaciones pacíficas para exigir respuestas. A su juicio, una medida que podría afectar a internos, funcionarios de Gendarmería, niños, adultos mayores y a toda una provincia no puede adoptarse sin transparencia, diálogo y participación de la comunidad.