En un entorno rodeado de montañas y bosque nativo en Aysén, la actividad minera en la faena El Toqui desde 1983 ha dejado un grave problema de contaminación por metales pesados en los suelos y ríos de la localidad rural de Alto Mañihuales, provocando incluso la muerte de ganado.

Al menos desde 2015, informes públicos detectaron la contaminación en los suelos y en muestras de orina de vecinos, y la Superintendencia de Medio Ambiente ha sancionado a la empresa titular anterior y la actual, por incumplir los planes de cierre. Pero más de 10 años después, siguen sin tomarse medidas para frenar la contaminación que constantemente se está filtrando al ambiente.

Incumplimientos reiterados

Ahora, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una sanción impuesta en 2022 por Sernageomin en contra de la empresa Minera Pacífico del Sur, que adquirió el proyecto en 2020. Se la obliga a pagar los montos adeudados de más de $12 mil millones como garantía para ejecutar el plan de cierre, además de una sanción de $ 400 millones por no haber pagado las cuotas para este fin.

La sanción ya había sido confirmada por un juzgado civil en 2024, luego de que la empresa judicializara el caso para revertir la decisión de Sernageomin. Organizaciones locales están esperando a saber si la empresa acatará el fallo de Apelaciones o recurrirá a la Corte Suprema.

Durante los 19 meses de tramitación del caso en la Corte de Apelaciones, vecinos y especialistas en derecho ambiental denuncian que se utilizaron "maniobras dilatorias" por parte de la empresa y del Sernageomin para aplazar el proceso.

Además, pesan sobre la empresa sanciones de la SMA que obligan a someter el proyecto a evaluación ambiental, lo cual aún no se ha cumplido, y otras sanciones por la falta de monitoreo de las variables ambientales y la no entrega de información reglamentaria.

Contaminación minera en Aysén

Uno de los problemas más grandes de la mina El Toqui son los tranques de relaves donde se depositan los desechos mineros que ha acumulado la operación.

Un informe de Sernageomin conocido en abril de 2025, determina que el tranque Confluencia está almacenando tres veces el máximo de relaves contaminantes permitido y que operó once años a pesar de que tenía permiso para operar solo seis años.

Recientemente, un informe del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) detectó altos niveles de arsénico que superan más de 60 veces el límite permitido para agua potable en el estero San Antonio de Alto Mañihuales.

A mediados de 2025, el Instituto Nacional de Derechos Humanos acusó que el Estado está violando los derechos humanos de vecinos de la zona por la falta de acciones concretas para frenar la contaminación.

Vacas muertas

Vecinos también acusan negligencia de las autoridades por la falta de monitoreo e información sobre la contaminación y cómo está afectando a las personas.

En 2024, a un vecino se le empezaron a morir las vacas. Relata que la veterinaria del SAG le dijo que por su experiencia y por la coloración de los órganos que presentaban los animales, se trataría de contaminación por metales pesados, pero que no había recursos en la región para determinar oficialmente la causa de muerte con estudios.

También declaran que en 2026 se entregaron los resultados de muestras que tomó la DGA del agua potable, que arrojaron metales pesados dentro de la norma. Vecinos solicitan que se haga un monitoreo continuo en el año ya que denuncian que la toma de muestras fue en invierno pero la contaminación más grave se da en verano.

"El hecho de que no hayan muestreos de suelo, de la orina de los vecinos o del ganado, es por mera negligencia de las instituciones públicas. El escenario constatado en 2018 por la SMA no ha cambiado en nada y la empresa se ha negado a tomar acciones para cambiarlo, por lo que no se trata de un episodio puntual sino de una contaminación constante", declara Erwin Sandoval de la organización local CODESA, que ha seguido el caso.

Fuente: El Desconcierto