A las expectativas sobre el destino del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Cochrane se sumó un nuevo capítulo tras una reunión sostenida el pasado 19 de junio entre las familias de los internos, el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, y el alcalde de la comuna, Patricio Ulloa. En dicha instancia, de la cual Gendarmería de Chile estuvo ausente, el gobernador manifestó su disposición para que el Gobierno Regional evalúe y financie una iniciativa de conservación y remodelación del recinto. Sin embargo, Santana fue enfático en que este compromiso depende de que Gendarmería ingrese formalmente un proyecto técnico para su evaluación.

Esta oferta surge en medio de un complejo escenario judicial. El Juzgado de Letras y Garantía de Cochrane ordenó suspender el traslado de los 16 internos hacia la cárcel de Chile Chico, reprogramando la audiencia para este lunes 22 de junio. La medida busca que se transparente un estudio de mecánica de suelos de 2025 que Gendarmería ha utilizado como argumento para justificar el cierre por "problemas estructurales", pero que no ha sido de conocimiento público.

Visiones Contrapuestas

Desde el Gobierno, la Seremi de Justicia, Andrea Ponce, ha defendido la clausura apelando a razones estructurales y económicas, afirmando que el recinto es "absolutamente antiguo con muchos problemas" y que la decisión se tomó a nivel central. Ponce recalcó que, por "razones de seguridad", estas medidas no pueden ser socializadas previamente con las familias.

Por su parte, el alcalde Patricio Ulloa ha manifestado su rotundo desacuerdo: "No compartimos que el deterioro o las limitaciones de un inmueble deriven necesariamente en la eliminación del servicio que presta". El edil defiende que el edificio ha funcionado por años y que lo que requiere es un mejoramiento o una reubicación, no su cierre definitivo.

El impacto humano es el punto que más preocupa a la comunidad. Carola Oliva, vocera de las familias, señaló que "detrás de cada interno hay madres, padres e hijos" y que un traslado a Chile Chico implicaría un gasto enorme y la ruptura de vínculos familiares esenciales para la reinserción. En la misma línea, el director regional del INDH, Joaquín Bizama, advirtió que los problemas de infraestructura detectados en informes de la Fiscalía Judicial son "fácilmente solucionables con pocos recursos".

Un Fenómeno Nacional

Cochrane no es un caso aislado. Gendarmería de Chile confirmó que se encuentra en un proceso de evaluación para el cierre o supresión de diversos establecimientos en todo el país, basándose en criterios de eficiencia y condiciones deficitarias.

• En la Región del Maule: La eventual clausura de la cárcel de Chanco ha generado una fuerte oposición. Autoridades y vecinos la consideran parte de su patrimonio y destacan su rol en la reinserción social, advirtiendo que llevar a los internos a otros centros sería enviarlos a una "universidad del delito".
• En la Región de Coquimbo: En Combarbalá, la comunidad y las autoridades locales también han encendido las alarmas ante el posible cierre de su CDP. La alcaldesa Marta Angélica Carvajal calificó la medida como un "golpe humano y económico" para la comuna, mientras que parlamentarios de la zona exigen descentralizar la gestión penitenciaria.

En ambos casos, al igual que en nuestra región, la tónica ha sido la nula comunicación de parte de Gendarmería y autoridades a nivel central con las familias tanto de internos como de personal de los centros penitenciarios. Todo ello aludiendo a fallas estructurales en los recintos y mayor efectividad en la gestión de recursos a nivel país.

Por ahora, la comunidad de Cochrane permanece a la espera del documento comprometido por el gobernador regional, y de la audiencia reprogramada para este lunes 22 de junio a las 11:00 horas, con el objetivo de que todas las partes recurrentes conozcan todos los antecedentes.