La Contraloría General de la República (CGR) publicó un nuevo Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (RADAR), en el cual identificó un total nacional de $796.440 millones destinados a gastos públicos que se encuentran sin movimiento en cuentas financieras de organismos estatales y municipales. Dentro de este panorama nacional, la región de Aysén resalta con una suma de saldos inactivos que supera los $8.599 millones entre sus principales instituciones regionales y administraciones locales.

En el desglose de las instituciones públicas de carácter regional, el Gobierno Regional de Aysén registra el mayor saldo sin movimiento, alcanzando los $4.108.282.308.

A este le sigue de cerca el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Aysén, con un monto inactivo de $3.526.278.767. Por su parte, el Servicio de Salud Aysén mantiene saldos detenidos por un valor de $444.162.838.

A nivel de administración municipal, las comunas de la región también presentan recursos financieros sin registrar flujos. La lista en la zona la encabeza de manera destacada la Municipalidad de Aysén, la cual registra un saldo inactivo de $452.544.307.

El resto de los municipios de la región incluidos en el reporte presentan las siguientes cifras sin movimiento:

• Municipalidad de Chile Chico: $55.278.920
• Municipalidad de Cochrane: $6.688.985
• Municipalidad de Tortel: $3.527.693
• Municipalidad de Lago Verde: $1.300.000
• Municipalidad de Guaitecas: $866.677
• Municipalidad de Coyhaique: $660.109
• Municipalidad de Río Ibáñez: $277.421

Advertencias y naturaleza de los fondos

De acuerdo con lo detallado por la CGR, la ausencia de movimiento en estas cuentas no constituye por sí sola una irregularidad. Sin embargo, el órgano contralor advierte que mantener estos saldos inactivos durante largos periodos genera riesgos significativos para el uso eficiente de los recursos públicos. Entre estas amenazas se encuentra el riesgo de que las deudas no se recuperen oportunamente o que los recursos entregados no se estén utilizando para los fines previstos.

Asimismo, el informe de la Contraloría aclara que más del 90% de estos dineros corresponden a cuentas por cobrar, lo que significa que no son fondos de disponibilidad inmediata, sino que requieren de gestiones de cobranza por parte de las administraciones para poder ser recuperados.

Con la entrega de estos antecedentes, la Contraloría remitió la información a cada una de las entidades involucradas con el fin de que revisen sus saldos, refuercen sus mecanismos de control y seguimiento, y procedan a su debida regularización contable.