A través de un informe de 32 páginas, la Contraloría General de la República detalló una serie de incumplimientos en las instalaciones del Liceo Bicentenario Altos del Mackay, relacionadas principalmente a una ampliación de 896 metros cuadrados que se encuentra en funcionamiento con baños, once salas de clases, pasillos, bodega y sala de geotermia.

Estos espacios en los que conviven los 370 alumnos de 7º año básico a 4º medio del establecimiento, no cuentan permisos de edificación ni de recepción final por parte de la Municipalidad de Coyhaique ni con instalaciones eléctricas y de gas certificadas, entre otras observaciones.

El Informe Final Nº 183 de 2026 señala, por ejemplo, que la ubicación del edificio y la ejecución de los trabajos se realizaron en una zona restringida donde está prohibida la construcción según el Plan Regulador Comunal.

Contraloría también evidenció que el establecimiento carece de una resolución sanitaria que autorice el funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

Detalles

El informe revela que fue la misma Seremi de Educación de la Región de Aysén el organismo que otorgó el Reconocimiento Oficial al establecimiento, pese a que no cumplía con la normativa vigente.

Por ejemplo, una de las primeras cosas que saltó a la vista de la Contraloría es la edificación está emplazada en un lugar catalogado como zona de restricción ZR-2, que identifica zonas de riesgo por "vertientes, cauces, quebradas y canales".

Cabe señalar que entre 2021 y 2022, la Dirección de Educación Municipal de la Municipalidad de Coyhaique administraba el establecimiento e inició acciones tendientes a regularizar la ampliación del establecimiento,  trámites que hasta la fecha continúa realizando el SLEP Aysén, actual administrador del liceo, a través de un estudio de Diagnóstico de Infraestructura financiado por el Gobierno Regional de Aysén.

En relación a las otras observaciones, el organismo corroboró que "las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas (de la caldera de respaldo del sistema de geotermia), de la ampliación no regularizada, no cuentan con certificaciones y aprobaciones" de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ni de la Seremi de Salud en el caso del agua potable y alcantarillado.

El informe también verificó "diversas deficiencias en la conservación de paredes, suelos, pisos y otros elementos de la ampliación (…) tales como pinturas descascaradas en los cielos, e indicios de filtraciones de agua provenientes de la cubierta del edificio".

También "se advirtieron revestimientos interiores rotos en el baño de damas, baldosas quebradas en salas de clase y ductos de sistema de calefacción sin protecciones", lo que contraviene la normativa del Ministerio de Educación sobre mantener este tipo de estructuras "en buen estado, de modo que cumplan con el objeto de su diseño y construcción, no presenten riesgo y garanticen la seguridad de los usuarios".

Contraloría también devela que la sala de caldera a vapor del sistema de geotermia tiene dos puertas de salida. Una está inhabilitada, debido al almacenamiento de materiales de oficina, cajas, e instrumentos musicales, y la otra se abre hacia el interior del recinto, lo que cual contraviene la normativa de contar con dos o más puertas que se abran hacia el exterior.

El informe también da cuenta de la existencia de un bus en desuso, "en mal estado de conservación y abandonado en el patio del establecimiento", siendo un elemento de peligro para la comunidad escolar.

Cabe resaltar que el informe apunta a la Seremi de Educación por otorgar en 2017 reconocimiento oficial al establecimiento pese a no contar con las autorizaciones. Posteriormente, en 2022 volvió a hacerlo sin que el establecimiento corrigiera las irregularidades iniciales. Pero lo peor es que la misma Seremi -en un oficio del 29 de septiembre de 2023- reconoce que "desde el año 2012, se han construido diversos recintos -aulas, servicios higiénicos y circulaciones- que carecen del certificado de recepción de obras".

Conclusiones

Pese a la gravedad de las observaciones, desde la contraloría General de la República ordenaron al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Aysén, informar el resultado del estudio de diagnóstico del establecimiento fiscalizado, cuyo término está programado para el 10 de septiembre de 2026.

Adicionalmente, el SLEP Aysén deberá proseguir con las acciones iniciadas respecto a una modificación de la zona de restricción del terreno donde se emplaza el establecimiento, obtención de los certificados de las instalaciones de agua potable y alcantarillado, gas, electricidad y la correspondiente obtención del permiso de edificación y certificado de recepción municipal de la ampliación del establecimiento.

Asimismo, deberá adoptar los resguardos necesarios ante situaciones de emergencia que se pudieran suscitar debido al emplazamiento en zona de restricción de la ampliación no regularizada.

También se instruyó a la Seremi de Educación Aysén implementar mecanismos de control para asegurar que los establecimientos educacionales reconocidos cumplan con la normativa. 

Asimismo, remitió los antecedentes a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, con el fin de que ejerza su rol fiscalizador y resguarde la seguridad de los estudiantes.