Redacción, Diario El Divisadero
Una grave falla en los sistemas de seguridad corroboró personal de la Contraloría Regional de Aysén, durante una inspección realizada el pasado fin de semana en el marco del Plan Nacional de Fiscalización a Recintos Penitenciarios que lleva adelante el organismo.
Si bien, el proceso se concentra en revisar procedimientos administrativos, el hecho llamó la atención de la autoridad y motivó la evacuación de un oficio a los ministerios de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de instruir un sumario administrativo y se tomen las medidas correctivas pertinentes.
El operativo administrativo consistió en realizar una inspección simultánea de noche y hasta la madrugada en tres centros penitenciarios de Coyhaiqe y en dos de Puerto Aysén, con el objetivo de revisar en terreno el funcionamiento de dichos recintos y la rigurosidad en el cumplimiento de los procedimientos de incautación de sustancias ilícitas y especies prohibidas, así como la asistencia y el cumplimiento de la jornada, entre otras materias.
Sin embargo, en la inspección sin previo aviso al Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de Coyhaique efectuado el sábado a las 22:00 horas, el contralor regional, Ricardo Hevia se encontró con una situación insólita: el portón de acceso vehicular y peatonal a dicho recinto penal se encontraba completamente abierto y con la barrera de seguridad levantada. Además, en la garita dispuesta para controlar el acceso no había ningún funcionario de Gendarmería de Chile resguardando el acceso, situación que ya había sido objetada por la Contraloría en marzo de 2025.
La inspección se extendió hasta la madrugada del domingo 31 de mayo y permitió, entre otras cosas, efectuar diversas validaciones sobre seguridad, control y asistencia del personal de las unidades penales.
Inspecciones a otros penales
Según informó Contraloría, el plan de trabajo auditor también incluyó -esa misma noche, en la madrugada- la visita al Centro de Cumplimiento Penitenciario y a la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios de Coyhaique, además del Centro de Detención Preventiva y en el Centro de Estudio y Trabajo Valle Verde, ambos de Puerto Aysén.
El plan nacional de fiscalización de la Contraloría General de la República en cárceles ha permitido efectuar un riguroso control en 70 centros penales de todo Chile y también contempla otro tipo de acciones.
Esto ha permitido retirar desde Gendarmería múltiples sumarios administrativos que llevaban muchos años de tramitación -incluso algunos cerca de prescribir-, con el objetivo de establecer las responsabilidades administrativas.
Estas situaciones se vinculan, fundamentalmente, a situaciones como fugas de reos y consumo de drogas dentro de los recintos, entre otras situaciones irregulares.
















