Las imágenes recientes de violencia extrema en establecimientos educacionales del norte del país no pueden leerse como hechos aislados ni lejanos. Aunque en Aysén la magnitud es distinta, el fenómeno no es ajeno. Se expresa todos los días en formas menos visibles: conflictos entre estudiantes, deterioro del trato, tensiones que se acumulan sin canales adecuados para resolverse.

El riesgo está precisamente ahí. En creer que, por no estar en el titular nacional, el problema no existe o no requiere atención urgente.

Aysén tiene una particularidad evidente: es una región dispersa, donde la convivencia no es un concepto abstracto, sino una condición básica para la vida diaria. Las comunidades son más pequeñas, los vínculos más cercanos, y por lo mismo, los conflictos también se sienten más. Cuando la convivencia escolar se deteriora, no queda encerrada en el aula: se traslada a la comunidad completa.

Pero hay una tensión de fondo que no se puede seguir esquivando. Se insiste en abordar la violencia escolar desde el reglamento, la sanción o la reacción tardía, mientras se descuida el entorno donde esa violencia se origina. La pregunta no es solo qué pasa dentro del colegio, sino qué está pasando fuera de él.

Y ahí aparece un déficit estructural que en Aysén se arrastra hace años: la falta de espacios.

Faltan espacios de recreación. Faltan espacios culturales. Faltan lugares donde los jóvenes puedan encontrarse sin que todo pase por la lógica escolar o el consumo. En muchas localidades, la oferta para adolescentes termina siendo prácticamente inexistente. El resultado es predecible: frustración, aislamiento, y en algunos casos, expresión de esa tensión en formas de violencia.

La idea de que la educación por sí sola puede contener estos fenómenos es, a estas alturas, insuficiente. La convivencia se construye también en la familia, en el barrio, en las oportunidades reales que tienen los jóvenes para desarrollarse. Cuando esos espacios no existen, el sistema educativo queda sobrecargado con problemas que no puede resolver en solitario.

Aquí hay una responsabilidad compartida que no se puede diluir. Las familias, por cierto, pero también las comunidades y, sobre todo, el Estado. Porque la ausencia de espacios no es casual: responde a una forma de desarrollo que históricamente ha dejado a regiones como Aysén en segundo plano.

Se habla de descentralización, pero en la práctica los jóvenes de la región siguen teniendo menos alternativas que sus pares en zonas urbanas del centro del país. Esa brecha no es solo cultural o recreativa: es también una brecha en las condiciones de convivencia.

La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿vamos a esperar que los hechos escalen para recién actuar?

Aysén todavía está a tiempo. No para reaccionar, sino para prevenir. Eso implica dejar de mirar la convivencia escolar como un problema acotado al aula y asumirla como un reflejo de un tejido social que necesita ser fortalecido.

Porque cuando no hay espacios, cuando no hay canales, cuando no hay comunidad suficiente, la violencia deja de ser una excepción y empieza a transformarse en una posibilidad.

Y ese es un riesgo que la región no puede permitirse normalizar.