Hernán Libedinsky Moscovich, Fiscal Regional de Aysén 
La investigación por sustracción y comercialización ilegal de salmones desde un centro de cultivo ubicado en Isla Melchor deja varias lecciones que trascienden los hechos particulares del caso. Una de esas enseñanzas es que frente a organizaciones delictivas que actúan asociadamente, el Estado también debe responder en forma coordinada y, sobre todo, con presencia efectiva en terreno.
La investigación desarrollada por el Sistema de Análisis Criminal, SAC, de la Fiscalía Regional de Aysén, el Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas, DIPOLMAR, de la Armada de Chile, con el apoyo de Carabineros y SERNAPESCA, permitió detener a siete personas que fueron formalizadas por asociación criminal, sustracción de salmones y receptación. El Juzgado de Garantía de Puerto Aysén decretó prisión preventiva y fijó un plazo de investigación de 90 días.
Más allá del escenario judicial inicial, este procedimiento demuestra el valor de complementar capacidades y poner cada una de nuestras instituciones al servicio de la comunidad.
La Fiscalía aportó la dirección de la investigación penal y el análisis de información criminal; DIPOLMAR desplegó su conocimiento del espacio marítimo y técnicas investigativas especializadas, y Carabineros apoyó en las detenciones y en la ejecución de las órdenes de entrada y registro en distintos domicilios de Puerto Aysén, sumado al apoyo estratégico de SERNAPESCA.
Esta coordinación no se produce únicamente desde una oficina. Requiere fiscales, analistas, investigadores y policías trabajando en terreno, recorriendo zonas extensas, reuniendo antecedentes, observando movimientos y ejecutando diligencias en condiciones geográficas y climáticas especialmente exigentes.
En una región como Aysén, donde las distancias y la conectividad plantean desafíos permanentes, investigar en terreno es una condición indispensable para obtener resultados.
Según los antecedentes expuestos durante la formalización, la estructura investigada habría operado de manera organizada, con distribución de funciones, provisión de recursos, transporte y receptores locales. En cada ocasión se habrían sustraído cerca de tres toneladas de salmones.
Esto permite comprender que no se trataba de un hecho aislado, sino de un fenómeno que exigía análisis criminal, seguimiento y el uso autorizado de herramientas especializadas, entre ellas drones y otras técnicas investigativas.
La sustracción y comercialización ilegal de productos del mar no solo afecta a una empresa, trabajadores, proveedores, comunidades y actividades productivas. Además, la venta clandestina de alimentos -fuera de los controles correspondientes- puede generar riesgos sanitarios y fomentar la ilegalidad.
La persecución penal moderna no puede limitarse a reaccionar frente a cada denuncia por separado. Debe comprender el fenómeno completo, identificar liderazgos, determinar funciones y seguir la ruta de los recursos obtenidos ilegalmente.
Por eso es relevante la labor del SAC, estructura especializada del Ministerio Público que busca identificar organizaciones y conexiones entre distintos hechos mediante análisis criminal, financiero y patrimonial.
La Región de Aysén necesita instituciones cercanas, especializadas y capaces de llegar donde ocurren los hechos. El trabajo conjunto y en terreno es la forma más efectiva de proteger a nuestras comunidades y fortalecer la confianza pública en la justicia.
