Redacción, Diario El Divisadero 
Santiago.- Un nuevo revés judicial enfrentó la defensa del senador Miguel Ángel Calisto, luego de que la Corte Suprema confirmara la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que rechazó un recurso de amparo presentado en el marco de la investigación por presuntos delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones.
La acción judicial buscaba revertir una decisión adoptada el pasado 4 de septiembre por el juez titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique, Mario Devaud Ojeda, quien desestimó la solicitud de ampliar el plazo de investigación y no acogió una cautela de garantías relacionada con el acceso a determinados soportes digitales entregados por otro coimputado.
Con esta resolución, la Segunda Sala de la Corte Suprema respaldó lo resuelto por el tribunal de alzada de Coyhaique el 15 de septiembre, manteniendo el rechazo a las pretensiones de la defensa del parlamentario.
Uno de los aspectos centrales de la controversia apuntaba a antecedentes proporcionados por otro de los involucrados en la causa. Sin embargo, estos dieron origen a nuevas investigaciones del Ministerio Público, independientes del proceso penal que involucra al senador.
En ese contexto, la Corte de Apelaciones estableció que los antecedentes aportados por el coimputado motivaron la apertura de investigaciones "independientes y ajenas a la causa" en la que se habían dictado las resoluciones cuestionadas por la defensa.
Asimismo, durante la audiencia del 4 de septiembre, el Ministerio Público informó que todos los antecedentes reunidos en la investigación estaban disponibles para los intervinientes y que las diligencias que habían motivado su reapertura ya se encontraban concluidas.
La resolución también consideró que los soportes digitales solicitados por la defensa no fueron incluidos entre los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía en su acusación, por lo que no podrían ser utilizados contra el parlamentario durante el juicio.
Sobre este punto, el fallo sostuvo que dichos elementos "en caso alguno podrían hacerse valer en contra del acusado en juicio", descartando así su vinculación con los cargos formulados en este proceso.
La investigación, dirigida por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, derivó en la presentación de una acusación contra ocho personas por delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, de carácter reiterado, en una causa donde el perjuicio económico atribuido al Estado supera los $100 millones.
