La Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó la medida cautelar de prisión preventiva decretada contra G.J.S.. Con esta resolución, el tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por su defensa, el cual buscaba revocar la reclusión en favor de un arresto domiciliario total.

La imputada, de 50 años de edad, se encuentra formalizada por el delito de tráfico ilícito de drogas. De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, G.J.S. formaba parte de una organización delictual dedicada al tráfico de estupefacientes en la que participaba de forma coordinada junto a sus tres hijos y las parejas de estos. El clan familiar es investigado por la adquisición y el transporte de 39 kilogramos de marihuana, los cuales eran trasladados ocultos dentro de electrodomésticos (refrigeradores) desde Santiago hacia la región de Aysén.

Adicionalmente, durante un allanamiento en el domicilio de la imputada en el sector El Verdín, en Coyhaique, la policía incautó 420 gramos de marihuana, balanzas de precisión y la suma de $4.900.000 en efectivo.

La defensa argumentó que la imputada no participó en la operación correspondiente a los 39 kg de marihuana, solamente debiéndosele imputar el delito de microtráfico de drogas, lo que corresponde a lo que se encontró en su domicilio.

La Fiscalía atribuye a G.J.S. un rol activo en la organización, específicamente en las labores de pesaje, dosificación, acopio y ocultamiento de las sustancias. Para respaldar esta acusación, se presentaron interceptaciones telefónicas en las que se escucha a la imputada coordinar con uno de sus hijos el pesaje de bolsas de droga, así como llamadas de alerta ante la posible presencia de la Policía de Investigaciones en las cercanías de la vivienda.

El Ministerio Público adelantó que buscará aplicar la circunstancia agravante contemplada en el artículo 19, letra A, de la Ley 20.000, la cual sanciona con mayor dureza a quienes operen como parte de una agrupación organizada, lo que elevaría sustancialmente el castigo penal final.