Redacción, Diario El Divisadero
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó en forma unánime los intentos de AquaChile, del grupo Agrosuper, por ocultar información sobre los procesos de relocalización de concesiones salmoneras que hoy se encuentran al interior de parques nacionales en la Patagonia. Esto, en el marco de la decisión del Consejo para la Transparencia que obliga a la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) a hacer públicos estos antecedentes.
En marzo de 2025 el director de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura Ortiz, solicitó a Subpesca documentación relacionada con el "compromiso que priorizará la relocalización de las nueve concesiones acuícolas que operan en o cerca de los parques nacionales Isla Magdalena, Laguna San Rafael y Bernardo O'Higgins (reuniones, informes, hoja de ruta, oficios, otros procesos de relocalización, estudios, resoluciones, entre otros)" suscrito entre el gobierno de Gabriel Boric, AquaChile y Cooke Aquaculture. Asimismo, requirió toda la documentación de procedimientos similares en curso.
En abril de ese año, Subpesca denegó gran parte de la información requerida, tras lo cual Segura recurrió al Consejo para la Transparencia, que en octubre dictaminó que Subpesca sí debía entregar los antecedentes. Ante esto, AquaChile ingresó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el que fue rechazado el 20 de marzo con los votos del ministro Jaime Meza Sáez, el fiscal judicial Danilo Báez Reyes y la abogada integrante María Paz Olavarría Pérez.
Con la asunción de José Antonio Kast la controversia cobra especial relevancia toda vez que una de las prioridades del gobierno en la materia será modificar la Ley Lafkenche y agilizar los procesos de relocalización. Las organizaciones consideran que la entrega de la información sobre todo el proceso permitirá ejercer control ciudadano sobre las decisiones que se adopten, considerando el apoyo explícito que la actual administración ha dado a la industria del salmón.
Hace unos días el subsecretario Osvaldo Urrutia señaló sobre el particular que "hay entre 50 a 60 concesiones que, no quiero decir que son de fácil solución, pero más bien de solución administrativa. Y hay otras que chocan con el ordenamiento legal existente, entonces ahí tenemos que pensar modificaciones de carácter reglamentario o incluso legal. Tomaremos una decisión pronto".
El requerimiento sobre estos procedimientos incluye, entre otra documentación, facilitar los "oficios entre servicios y con las empresas relacionadas, además de cartas, correos electrónicos, resoluciones, estudios y análisis que se deriven de este acuerdo". La única condición que puso el Consejo para la Transparencia en su dictamen fue que "se elimine, en forma previa, la información vinculada a aspectos financieros, contables y tributarios que pudiesen contenerse en la documentación".
AquaChile actualmente tiene concesiones en el Parque Nacional Isla Magdalena y en las reservas nacionales Kawésqar y Las Guaitecas.
Tras ser notificada de la sentencia de la Corte, AquaChile elevó la controversia a la Corte Suprema mediante un recurso de queja.




















