Paula Betancour Zambrano, Periodista 
Una tensión interna atraviesa al Hospital Regional de Coyhaique, el recinto asistencial de mayor complejidad de la Región de Aysén. De acuerdo con antecedentes entregados por funcionarios, al menos tres trabajadores con más de 3 décadas de trayectoria denuncian un patrón de remociones, aislamiento laboral, pérdida de funciones y presunta persecución administrativa bajo la actual administración subrogante a cargo de Victoria Pinto.
Los casos involucran a Ernesto Araus Miranda, bioquímico y exjefe del Laboratorio Clínico; Erwin Gatica, exjefe del Subdepartamento de Abastecimiento; y Juan Mauricio Altamirano Mayorga, técnico en construcción, exencargado de infraestructura y dirigente gremial de FENATS.
Aunque cada situación tiene particularidades, los afectados coinciden en una denuncia común: haber sido removidos o desplazados de sus funciones sin procesos claros, con consecuencias laborales, profesionales y de salud.
Y todos buscan lo mismo: fin a las irregularidades y trato digno
El caso Araus: La justicia cuestiona la remoción de un jefe histórico
Uno de los casos más sensibles es el de Ernesto Araus Miranda, bioquímico con más de 30 años de servicio en el Hospital Regional de Coyhaique y más de cuatro décadas en el servicio público.
Araus se desempeñaba como jefe del Laboratorio Clínico hasta octubre de 2025, cuando fue removido de su cargo y destinado a otra unidad sin funciones definidas, según acusa. El profesional sostiene que la medida se adoptó sin un proceso sumarial previo y que incluso fue comunicada internamente antes de contar con la resolución administrativa formal.
"Soy bioquímico y trabajo en el Hospital de Coyhaique desde hace más de 30 años. Lo que quiero denunciar es que he sido removido de mi función, de mi cargo de jefe de laboratorio", señala el funcionario, quien acusa que fue enviado en comisión de servicio sin claridad respecto de sus nuevas tareas.
"Se me ha despojado de todas mis funciones como jefe de laboratorio y de mis funciones como perito químico del Servicio de Salud Aysén. Me han enviado a una unidad en que prácticamente no tengo nada que hacer", afirmó.
Según los antecedentes recopilados, la Corte de Apelaciones de Coyhaique falló de manera unánime a favor de Araus, estableciendo que las resoluciones que lo afectaron vulneraron garantías como la igualdad ante la ley y su condición de funcionario que accedió al cargo mediante concurso público.
Araus sostiene que la situación ha dañado su honra y dignidad profesional.
"Esto me ha provocado un daño a mi honra y a mi dignidad profesional. Lo denuncio porque todo lo que se ha hecho no se atiene ni a la norma ni a la ley", expresó.
El profesional, que se encuentra próximo a finalizar su carrera funcionaria, afirma que esperaba cerrar su trayectoria de otra manera.
"Me gustaría retirarme con dignidad, de acuerdo con mi desempeño laboral", declaró.
Erwin Gatica: de jefe de abastecimiento a funcionario sin funciones claras
El segundo caso corresponde a Erwin Gatica, quien hasta enero de 2026 se desempeñaba como jefe del Subdepartamento de Abastecimiento, área estratégica encargada de compras, licitaciones, insumos clínicos, fármacos, bienes y servicios requeridos por el hospital.
Gatica afirma que fue separado de sus funciones mediante una medida de resguardo en el marco de un sumario, pero acusa que dicha medida terminó convirtiéndose en una sanción encubierta.
"Me he desempeñado en los últimos años en la unidad de abastecimiento como jefe de abastecimiento, y en enero de este año he sido removido a través de una medida de resguardo a funciones que han menoscabado mi actuar profesional y han sido denigrantes", señaló.
El exjefe de abastecimiento acusa que durante meses permaneció sin una función clara, en condiciones que afectaron directamente su salud.
"Hoy día me encuentro sin una función definida desde hace cuatro, pegando para los cinco meses, y en pésimas condiciones de salud", afirmó.
Según los antecedentes, Gatica denunció además un episodio de maltrato laboral que habría involucrado al subdirector administrativo del recinto, luego de negarse a cursar una compra que, según su versión, no cumplía con la normativa vigente.
El funcionario sostiene que la administración no habría avanzado con la misma diligencia en la investigación de su denuncia por maltrato laboral.
"Se dictó resolución de investigación el 20 de enero del presente y a la fecha no hay ningún movimiento en ese sumario", indicó.
Para Gatica, su caso no sería aislado, sino parte de una forma de proceder hacia distintas jefaturas del hospital.
"Yo estimo que es una forma de proceder de esta administración. No son pocos los casos en que se han sacado a las jefaturas de las áreas de mala manera, de manera arbitraria, sin que medien pruebas contundentes", sostuvo.
De acuerdo con los antecedentes entregados, la Asociación Chilena de Seguridad habría reconocido un deterioro de salud asociado al contexto laboral, manteniéndose actualmente bajo reposo y evaluación.
Mauricio Altamirano: denuncia por fuero gremial y eventual práctica antisindical
El tercer caso es el de Juan Mauricio Altamirano Mayorga, técnico en construcción con 18 años de trayectoria en el área de mantenimiento del hospital y 12 años como encargado de infraestructura. Además, Altamirano es dirigente gremial de FENATS.
Según los antecedentes, tras denunciar maltrato laboral por parte de su jefatura, la ACHS habría determinado que presentaba una patología de origen laboral asociada a una disfuncionalidad de la jefatura.
Sin embargo, en enero de 2026, el hospital dispuso su traslado a funciones administrativas de menor jerarquía. Altamirano sostiene que la medida vulneraría su fuero gremial, ya que, en su calidad de dirigente sindical, no podría ser trasladado de funciones sin su autorización.
El funcionario calificó la medida como una eventual práctica antisindical y presentó un reclamo ante la Contraloría Regional por presunta ilegalidad administrativa y persecución laboral.
Su caso se suma a las denuncias de otros trabajadores que acusan degradación de funciones, aislamiento y afectación a la salud mental como consecuencia de decisiones administrativas adoptadas dentro del hospital.
Funcionarios piden intervención y transparencia
Los casos de Araus, Gatica y Altamirano han instalado una preocupación mayor sobre el clima laboral y la conducción administrativa del principal recinto asistencial de la región.
Los funcionarios denuncian que las decisiones adoptadas no solo afectan trayectorias profesionales individuales, sino también el funcionamiento de áreas sensibles para la atención pública, como laboratorio, abastecimiento e infraestructura.
En ese contexto, los afectados esperan que las autoridades sectoriales y fiscalizadoras revisen los antecedentes y restituyan, según plantean, el principio de legalidad en la gestión hospitalaria.
"Espero que se restaure la legalidad en el actuar que tiene esta administración, puesto que han sido vulnerados sistemáticamente los derechos de las personas", señaló Erwin Gatica.
Araus, por su parte, apuntó directamente a la necesidad de transparentar lo ocurrido ante las autoridades del Ministerio de Salud, ya que este martes arriba a la región la ministra de la cartera, May Chomalí, con una extensa agenda que incluye alerta oncológica, futuro hospital, entre otras acciones.
"Espero que se entregue información transparente respecto a estos abusos y esta arbitrariedad con que se ha desenvuelto esta administración, específicamente la dirección del Hospital Coyhaique, y que impere la ley", sostuvo.
Mientras los afectados hablan de persecución laboral, remociones arbitrarias y vulneración de derechos funcionarios, desde la administración hospitalaria se ha señalado disposición a colaborar con los requerimientos de Contraloría para esclarecer los hechos.
Por ahora, el Hospital Regional de Coyhaique enfrenta un escenario crítico: denuncias internas, investigaciones pendientes, fallos judiciales y cuestionamientos gremiales que abren una pregunta de fondo sobre la gestión del recinto y el trato hacia sus funcionarios.
En una región extrema, donde el hospital cumple un rol estratégico para miles de usuarios, la crisis interna ya no parece ser solo un conflicto administrativo. Para los denunciantes, se trata de un problema que exige respuestas urgentes, transparencia y control externo.
