Durante los últimos meses, desde OGANA A.G. y la Mesa de Gremios Ganaderos de Aysén se han levantado advertencias claras sobre la situación que enfrenta el sector agroganadero regional. No se trataba de alarmismo ni de una lectura aislada, sino de información proveniente directamente del territorio: déficit forrajero pronunciado, deterioro de praderas, aumento del daño por cuncunilla negra y un escenario climático que anticipaba dificultades significativas para el invierno.

En abril, un levantamiento de información realizado por estas organizaciones mostró que entre un 83% y un 100% de los productores consultados reportaba algún grado de déficit forrajero, sin presencia de superávit. La mayor parte de ese déficit se ubicaba entre un 25% y un 50% respecto de un año promedio, mientras que un grupo relevante enfrentaba déficits superiores al 50%. Esta situación se sumaba a una primavera compleja, marcada por factores hídricos y eólicos adversos, y por el aumento significativo de la plaga de cuncunilla negra.

Hoy, a comienzos de agosto, esas advertencias comienzan a adquirir una dimensión más concreta. Tras un inicio de invierno particularmente seco y poco frío durante junio, asociado a condiciones meteorológicas anómalas en la Patagonia, julio y agosto han traído nevadas, escarchas y una mayor presión sobre sistemas productivos que ya venían debilitados por el déficit de forraje del verano. En este contexto, los próximos meses pueden ser especialmente difíciles para productores de distintos tamaños, pero con mayor impacto sobre el segmento de la Agricultura Familiar Campesina, que dispone de menor capacidad financiera, menor margen de ajuste y menos herramientas para enfrentar una crisis alimentaria prolongada.

Frente a este escenario, preocupa que desde el Minagri se insista en transmitir que los problemas existentes serían acotados y manejables con las herramientas disponibles. Esa afirmación, en ausencia de datos públicos concretos, no entrega tranquilidad real. Lo que se requiere no son declaraciones generales, sino información verificable: cuántos productores se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad, cuál es la magnitud esperada del déficit, qué zonas presentan mayor riesgo, qué volumen de apoyo se encuentra disponible, cuáles serán los mecanismos de acceso y en qué plazos se ejecutarán.

Mostrar en los medios la situación puntual de un productor cercano a la capital regional, o señalar que existe despliegue de funcionarios en terreno, no equivale a una respuesta pública suficiente. El despliegue institucional es necesario, pero no reemplaza las soluciones. La pregunta central no es si se están realizando visitas o levantamientos, sino si existen medidas concretas, oportunas y proporcionales a la magnitud del problema.

Desde OGANA A.G. se advirtió oportunamente que una preparación anticipada habría permitido activar fondos de emergencia, coordinar compras tempranas de insumos y facilitar el acceso a forraje y concentrados a precios razonables. En una región extensa, aislada y con altos costos logísticos, actuar tarde casi siempre significa actuar más caro y con menor eficacia. El objetivo no es evitar que la falta de anticipación termine siendo asumida por los productores. La ganadería regional no puede depender de respuestas improvisadas cuando las señales de alerta fueron entregadas con meses de anticipación.