Hernán Libedinsky Moscovich, Fiscal Regional de Aysén
Al asumir como Fiscal Regional de Aysén, hace ya más de un año, señalé que uno de los ejes prioritarios de nuestra gestión sería la investigación y persecución de los delitos de corrupción, junto con el fortalecimiento de la probidad dentro de nuestras propias instituciones.
Esta idea inspiró el Taller de Probidad para Funcionarios Públicos de diferentes entidades de la región, organizado de forma conjunta por la Fiscalía Regional de Aysén, la Contraloría Regional y el Consejo de Defensa del Estado, el cual permitió compartir conocimientos y reafirmar la responsabilidad común de proteger el patrimonio público.
En ese sentido, creo que la probidad no se demuestra solo frente a grandes decisiones o casos de corrupción. También se expresa diariamente en la forma en que, quienes trabajamos en el Estado, ejercemos nuestras atribuciones, atendemos a la ciudadanía y utilizamos los recursos con los que contamos.
Debemos entender como probidad el hecho de que en toda conducta funcionaria debe prevalecer el interés general, sobre el interés particular, ya que como funcionarios públicos administramos bienes y recursos que no nos pertenecen.
Por eso, su uso indebido no sólo puede dar lugar a la responsabilidad penal, administrativa o civil de la persona que haya cometido una infracción, también representa una ayuda que no se dirigió a quien realmente la necesitaba.
Junto con la probidad, debemos recalcar entre todas y todos los funcionarios públicos de nuestra región el valor de la imparcialidad, que nos obliga a decidir sobre la base de antecedentes objetivos, sin favoritismos ni intereses particulares.
En una región como Aysén, donde las comunidades son más pequeñas y las relaciones personales suelen ser cercanas, debemos prestar especial atención a los conflictos de interés. De ahí la importancia de fundamentar adecuadamente nuestras decisiones, transparentar los procedimientos e inhabilitarse cuando corresponda.
Como Fiscalía Regional de Aysén hemos asumido el compromiso de investigar con fuerza los delitos que afectan la función pública, como el fraude al Fisco, la malversación de caudales públicos, el cohecho y la negociación incompatible. Sin embargo, la persecución penal normalmente interviene cuando el perjuicio ya se ha producido.
Por eso, la prevención resulta indispensable. Las instituciones del Estado deben incorporar capacitaciones continuas para sus funcionarios, controles internos y auditorias para la identificación de riesgos. También se requieren instituciones que cuenten con canales internos de denuncia y medidas de protección para quienes pongan en conocimiento posibles hechos irregulares.
Cuidar los recursos fiscales es cuidar la capacidad del Estado para atender a las víctimas, acercar servicios a las personas y responder a las necesidades de éstas.
El servicio público solo cumple su propósito cuando el interés general se antepone a cualquier conveniencia particular y cuando comprendemos que administrar lo público significa, ante todo, cuidar lo que pertenece a todas y todos, sin importar quiénes estén involucrados.



























