La tragedia ocurrida en la cárcel de Coyhaique, donde dos personas privadas de libertad resultaron fallecidas y otras cuatro heridas, vuelve a poner en evidencia una realidad carcelaria que ya no resiste más. El principal recinto penal de la Región de Aysén se encuentra sobrepoblado, y una situación similar se observa en los restantes tres recintos penitenciarios existentes en el territorio.

Es una realidad que requiere ser abordada con la rigurosidad, responsabilidad y planificación que merece. Chile ha experimentado un fuerte crecimiento de su población penal durante la última década y Aysén no escapa a esa situación. Sin embargo, pareciera que seguimos reaccionando frente a las emergencias, en lugar de anticiparnos a ellas.

Por eso resulta necesario dejar de hablar de manera casi fantasmagórica sobre la construcción de un nuevo recinto penitenciario. Ha llegado el momento de comenzar a definir plazos, inversiones y responsables, y avanzar hacia un proyecto concreto, real y con definiciones políticas que deben adoptarse con sentido de urgencia.

Lo ocurrido en Coyhaique no puede quedar reducido a una investigación sobre las causas de esta tragedia. Por supuesto que esas responsabilidades deberán determinarse, pero también corresponde preguntarse por las condiciones en que funcionan actualmente los recintos penitenciarios de la región y cuánto tiempo más pueden mantenerse bajo las actuales condiciones.

La respuesta no puede ser esperar una nueva emergencia. La Región de Aysén necesita una mirada distinta sobre su sistema penitenciario, considerando además sus particularidades territoriales. Existen realidades locales que podrían permitir pensar en modelos diferentes a los que se aplican en otras regiones del país, incorporando innovación, tecnología, capacitación y mejores condiciones tanto para las personas privadas de libertad como para quienes trabajan en estos recintos.

No se trata de plantear condiciones especiales que desconozcan la responsabilidad que implica cumplir una condena. Se trata de entender que un sistema penitenciario adecuado también forma parte de la seguridad pública y que contar con recintos dignos, seguros y suficientes beneficia finalmente a toda la sociedad.

Esta tragedia enluta a familias y genera una legítima preocupación en la comunidad. Pero precisamente por eso no debiera convertirse únicamente en un momento de declaraciones, condolencias y anuncios que luego se diluyen con el paso del tiempo.

Las autoridades responsables tienen ahora la oportunidad de transformar este lamentable episodio en un punto de inflexión. Si la región necesita un nuevo recinto penitenciario, corresponde decirlo con claridad, establecer cuándo podría concretarse y cuáles serán los recursos necesarios para ello.

Aysén no puede seguir esperando que las condiciones carcelarias se deterioren hasta llegar nuevamente a situaciones extremas. Se requiere una nueva política penitenciaria para la región, con planificación, inversión y decisiones concretas.

Porque prevenir una nueva tragedia también es una forma de hacer seguridad pública.