La representación popular no es un privilegio que deba usarse para el beneficio personal, sino un contrato de confianza sagrado entre el ciudadano y la autoridad. Sin embargo, los casos que hoy involucran al senador Miguel Ángel Calisto y al concejal Sebastián Vera nos obligan a recordar una premisa fundamental: el ejercicio de un cargo político exige una probidad absoluta que no puede ser empañada por "buenas intenciones" ni diluida por acciones solidarias. No se puede, bajo ninguna circunstancia, hacer vista gorda ante conductas que riñen con la ley o que perjudican el patrimonio de todos los chilenos.

El caso del senador Calisto es de una gravedad institucional profunda. La Fiscalía lo investiga por un presunto mecanismo defraudatorio que habría sustraído más de 103 millones de pesos del Congreso Nacional. Más allá de la presunción de inocencia, el presunto modus operandi descrito por el Ministerio Público en este caso —la contratación de una asesora que no cumplía funciones para desviar fondos hacia beneficios personales y fines políticos— representaría una traición directa a la fe pública. 

Cuando un legislador se ve envuelto en delitos reiterados de fraude al Fisco, el daño trasciende la cifra económica; se socava la base misma de la democracia. Las arcas fiscales son sagradas y su uso para el provecho de unos pocos es una afrenta a quienes depositaron su voto esperando integridad.

Por otro lado, la situación del concejal Sebastián Vera en Coyhaique nos enfrenta a otra faceta de la falta de rigor ético. Vera defiende sus "remates solidarios" alegando que "jamás existió mala intención" y que su fin era ayudar a los vecinos. No obstante, la solidaridad no es un salvoconducto para ignorar la legalidad. 

Quienes ejercen cargos públicos deben cumplir la ley con mayor rigor que nadie, pues juraron respetarla al asumir. Realizar subastas de alcohol fuera de los canales establecidos y de manera irregular no es un error trivial; es una falta a la transparencia y a los estándares éticos mínimos que la ciudadanía demanda.

Las eventuales buenas acciones del pasado o las finalidades benéficas de un acto no pueden ser motivo para dejar pasar conductas reñidas con la probidad. Un representante que cree estar por encima de los procedimientos administrativos o que utiliza recursos públicos para fines personales está inhabilitado moralmente para exigir rectitud a los demás. La justicia debe actuar con total independencia y severidad en ambos casos, pues el mensaje debe ser claro: en la función pública, la ética no es negociable y el respeto a la ley es el único camino posible. La ciudadanía ya no tolera la complacencia; es hora de que la política recupere su dignidad a través de una transparencia sin excepciones.

Ahora bien, ¿debemos dejarlos tranquilos? Los comentarios de los usuarios de redes sociales terminan exigiendo a los medios de comunicación que los dejen tranquilos. Es imperativo que la ciudadanía, especialmente aquellos que justifican estas conductas bajo el manto de la "buena fe", eleven urgentemente el estándar de lo que exigen a sus representantes. 

Defender a una autoridad basándose en que sus actos fueron "solidarios" o que "es el único que trabaja" por una causa en particular, mientras se ignoran presuntos fraudes millonarios o el incumplimiento de normativas legales básicas, solo profundiza la crisis institucional. 

El debate público debe evolucionar: no podemos conformarnos con una política asistencialista que sirva de fachada para la irregularidad. La ciudadanía debe demandar representantes que no solo "ayuden", sino que lo hagan estrictamente dentro del marco de la ley. Aceptar menos es validar que el fin justifica los medios, permitiendo que la probidad sea vulnerada bajo excusas de benevolencia que terminan dañando nuestra democracia.