Redacción, Diario El Divisadero 
Una nueva arista judicial enfrenta el senador Miguel Ángel Calisto en el marco de la investigación por presunto fraude al Fisco. Esta vez, la controversia se trasladó a la Corte Suprema, luego de que su defensa presentara una recusación contra diez ministros del máximo tribunal, buscando impedir que participen en la revisión de la solicitud de desafuero que enfrenta actualmente en su calidad de senador.
Según informó La Tercera, la presentación fue ingresada el pasado 22 de octubre por el abogado Nelson Salas y apunta a magistrados que ya intervinieron en noviembre de 2025, cuando votaron a favor del desafuero de Calisto, en ese entonces diputado, por los mismos hechos investigados por el Ministerio Público.
El primer desafuero fue acogido por la Corte de Apelaciones de Coyhaique y posteriormente confirmado por la Corte Suprema. Sin embargo, tras finalizar su período como diputado y asumir como senador, se inició un nuevo procedimiento para solicitar el levantamiento de su fuero parlamentario.
En esta segunda instancia, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad la solicitud de desafuero el pasado 6 de octubre, decisión que fue apelada por la defensa y que ahora debe ser revisada por el máximo tribunal.
Defensa cuestiona participación de ministros
El principal argumento de la presentación judicial es que los magistrados cuestionados ya habrían manifestado su opinión sobre la misma controversia, al participar en la votación del desafuero anterior.
El abogado Nelson Salas explicó a La Tercera los fundamentos de la acción judicial:"El fundamento de nuestra recusación obedece exclusivamente a que los diez ministros de la Corte Suprema y los tres ministros suplentes ya se pronunciaron, hace un año, sobre el desafuero de mi representado cuando ocupaba el cargo de Diputado".
El defensor agregó que, a juicio de la representación del senador, ese pronunciamiento anterior constituye una causal legal que impediría a dichos magistrados volver a intervenir en la resolución del asunto.
La presentación invoca el numeral 10 del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, que contempla como causal de recusación haber manifestado previamente un dictamen sobre la cuestión pendiente, con conocimiento de ella.
Tras la revisión las ministras Lidia Poza y Claudia Parra, junto con la abogada integrante Catalina Infante, determinaron que la causal de recusación debía ser tramitada.
En la resolución se indicó que "se declara bastante la causal de recusación", disponiendo además que los magistrados involucrados sean notificados y que "se abstengan de intervenir en la causa respectiva mientras no se resuelva este incidente".
Asimismo, se solicitó a los ministros emitir sus respectivos informes dentro de un plazo de tres días.
La recusación también implicó un desembolso para la defensa, que debió pagar $937.963 por la presentación de las solicitudes, según los antecedentes publicados por el medio nacional.
Si la recusación es acogida, la Corte Suprema tendrá que convocar a una integración que no se encuentre inhabilitada para conocer la causa. Según consignó La Tercera, entre los posibles integrantes se encontrarían ministros y ministras que no participaron en la decisión anterior.
