Tras la audiencia realizada durante esta jornada, la defensa del senador Miguel Ángel Calisto cuestionó el nuevo cierre de la investigación y la acusación presentada por el Ministerio Público, debido a que no habría tenido acceso a antecedentes incorporados durante la etapa final de la causa.

Según explicó el abogado defensor Nelson Salas, el imputado Ronald Cárcamo modificó su versión de los hechos y aportó nuevos antecedentes en formato digital, los que habrían sido considerados por Fiscalía para sustentar su decisión de acusar al parlamentario. La defensa cuestiona que estos elementos no hayan podido ser conocidos ni controvertidos durante la investigación.

"Lo que nosotros reclamamos es el derecho a conocer esas pruebas y esos antecedentes que fueron determinantes para el Ministerio Público. Tenemos derecho a conocerlos, revisarlos y poder controvertirlos", señaló Salas, quien agregó que la defensa no busca dilatar el proceso, sino ejercer las garantías que le permiten analizar y controvertir los antecedentes de la investigación.

El cuestionamiento se produce luego de que el cambio de versión ocurriera en el tramo final de una investigación que llevaba cerca de un año. En julio pasado, el Juzgado de Garantía de Coyhaique había dejado sin efecto el cierre de la causa y ordenado su reapertura por 60 días para la realización de nuevas diligencias.

Frente a la nueva acusación, el senador Miguel Ángel Calisto afirmó estar disponible para enfrentar las instancias judiciales que correspondan, pero insistió en la necesidad de que su defensa pueda conocer los antecedentes que sustentan la imputación.

"Estoy disponible para enfrentar las instancias que correspondan y que la justicia determine la verdad de los hechos. Pero también tengo derecho a defenderme y a conocer los antecedentes que sustentan una acusación en mi contra. Si existen nuevos antecedentes que fueron determinantes para tomar esta decisión, lo mínimo es que mi defensa pueda conocerlos y revisarlos", sostuvo Calisto.

La defensa refirió que recurrirá a las instancias judiciales correspondientes para cuestionar las decisiones adoptadas durante esta etapa del proceso.